Dada la pobre inversión pública y privada que se observa en la actualidad, ha surgido la idea -predecible- de crear una nueva empresa estatal, a través de la cual se canalice parte relevante de la inversión pública concesionada. Según ha trascendido, dicha institución tendría un patrimonio económico de US$ 9.000 millones, provenientes de la cesión de los derechos por cobro de peajes futuros que tiene el Estado hacia dicha empresa.

La solución planteada es creativa, pero encierra problemáticas que se deben considerar. Por razones de espacio, nombraré solo tres.

Primero: La creación de la empresa hará que el gobierno aumente el gasto corriente en sus presupuestos anuales a cambio de inversión, limitándose a garantizar la deuda contingente de la empresa inversora. Hoy se conoce el aporte público en concesiones, ya que forma parte del presupuesto y de la regla fiscal. A través de la mencionada empresa, dichos aportes se registrarán solo en la empresa, dando una holgura aparente al presupuesto fiscal.

Segundo: La creación y subsistencia de la empresa dependerá del compromiso que desde el primer día asuma el Estado para constituir su patrimonio. Si tal aporte estuviera sustentado en el cobro de peajes futuros, el Estado asume el riesgo por el no pago de tales peajes, sin que quede registro del mismo. Por consiguiente, si el patrimonio de la empresa se construye en base a derechos de cobro futuro, el fisco debiese al menos reconocer un pasivo contingente y provisionarlo.

Tercero: Los controles de las inversiones públicas que se administran a través de la Ley de Presupuestos son más exigentes que aquellos llevados a cabo en las empresas públicas, desde la formulación y evaluación, hasta la ejecución y administración de los proyectos. Asimismo, el riesgo inherente de captura política de una empresa estatal sin los debidos controles es alto e incontrolable.

La creación de la empresa estatal sugerida puede ser contraproducente a los objetivos perseguidos. Las empresas estatales tienen limitaciones implícitas; basta ver la estructura de costos de Codelco para constatar la poca flexibilidad que la estatal tiene para ajustarse a las exigencias de los mercados actuales.

Se hace necesaria la creación de un Fondo de Infraestructura que nos ayude a disminuir la brecha de inversión existente, pero debe estar bien formulado desde el principio. El Estado está llamado a colaborar técnica y presupuestariamente con el mismo, año tras año, con progresión de largo plazo y en forma acumulativa. Para tal efecto, se podría incluso acordar política y transversalmente un déficit fiscal asociado a inversión, pero transparente y conocido por todos: no nos hagamos trampa en el solitario.

Carta publicada en El Mercurio 20/12/2015