El Chile de los noventa enfrentaba un fuerte déficit de infraestructura, restricción presupuestaria por equilibrios fiscales y cierta incapacidad institucional para llevar a cabo proyectos de la envergadura y complejidad requeridas. De esta manera surgió el modelo de concesiones, el cual buscó alinear los incentivos del Estado, sector privado y la sociedad.
Las empresas participantes tenían capacidad financiera disponible y observaban la buena experiencia institucional en licitaciones de empresas de servicios regulados, así como la posibilidad de obtener buenos retornos a riesgos acotados (por contrato). El Estado llevaba adelante los proyectos requeridos para el desarrollo, y la sociedad veía con buenos ojos la construcción de obras nunca antes imaginadas.
Si bien las concesiones favorecieron la inversión al principio, su dinamismo fue decayendo en el tiempo, incapaz de adaptarse a un marco económico y social cambiante, cada vez más exigente. Fueron surgiendo problemas que no sólo han dificultado la concreción de mayores obras, sino que han puesto en tela de juicio el modelo de concesiones.
Algunos de estos problemas son: rigidez de contratos y tasas implícitas altas para desarrollar nuevas obras con contratos vigentes, madurez de períodos concesionales que afectan una toma de decisiones oportuna, mayores exigencias de las comunidades no siempre bien encauzadas, institucionalidad insuficiente para generar nuevos proyectos y controlar una cartera de casi US$ 25.000 millones, creciente judicialización de contratos y sus consecuentes costos económicos y sociales, etc.
Pero quizás el mayor daño a las concesiones se produjo el año pasado, cuando el gobierno decidió no respetar los procesos licitatorios vigentes para hospitales concesionados. Esto no sólo significó el atraso sustantivo en la construcción de dichos recintos, sino que generó una ruptura en las reglas del juego entre Estado y privados, implicando mayores riesgos para las futuras licitaciones. Y tal como sabemos: a mayor riesgo, mayor el precio que pagaremos todos por las futuras obras.
Volver a impulsar la inversión vía concesiones requiere de señales e incentivos claros para todas las partes: certeza jurídica y liderazgo por parte del gobierno; una industria moderna y orientada al servicio; y una sociedad sensibilizada con la necesidad de invertir para el desarrollo presente y futuro.
En este sentido, el gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de ley de fortalecimiento institucional para concesiones, además de disponer un plan para facilitar trámites y eliminar papeleos. Asimismo, podría establecerse una prelación a nivel central para agilizar permisos ambientales y administrativos, incluidas las expropiaciones. Mismas iniciativas podrían aplicarse para permisos municipales.
Finalmente, urge mejorar los métodos existentes para la solución de controversias: comisiones conciliadoras y arbitrales, así como las instancias judiciales superiores, terminan siendo muchas veces el refugio de gobiernos y empresas que buscan postergar definiciones. El Panel Técnico de Concesiones es una buena herramienta que está siendo subutilizada por la autoridad. A nivel de contratos, se podrían buscar criterios para flexibilizar contratos en casos de judicialización, con el fin de evitar que los proyectos se estanquen.
Volver a dinamizar la inversión concesionada requiere de un acuerdo nacional que trascienda a los gobiernos de turno. Para estos efectos, el Fondo de Infraestructura puede ser una buena señal, la cual debe ser estudiada con interés transversal.
