El estudio, elaborado con datos del DEIS, muestra que los egresos hospitalarios por infarto agudo al miocardio (IAM) aumentaron 21% entre 2022 y 2025, mientras que las muertes por esta causa bajaron 1,6% en el mismo periodo. Para la directora ejecutiva de CIPS-UDD, Paula Daza, esa mejora es un logro de la medicina de urgencia, no de la prevención: el país sigue llegando tarde a controlar los factores de riesgo que provocan el infarto.
Cada año Chile hospitaliza a más personas por infarto agudo al miocardio (IAM) y logra que menos de ellas mueran una vez que llegan al hospital. Así lo revela un nuevo informe del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo (CIPS-UDD), basado en datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS): los egresos hospitalarios por IAM pasaron de 16.176 casos en 2022 a 19.500 en 2025, un alza de 21% en cuatro años, mientras las defunciones por esta causa bajaron de 7.472 a 7.353 casos en el mismo periodo, una disminución acumulada de 1,6%.
El informe advierte que esta mejora responde sobre todo a los avances de la red asistencial —angioplastía, trombolisis y unidades coronarias—, y no a un país que esté logrando evitar que el infarto ocurra. No estamos bajando los infartos: estamos bajando su letalidad.
El estudio plantea que el envejecimiento de la población —el grupo de 60 años o más concentra el 64,16% de los egresos por IAM (12.512 de 19.500 casos en 2025)— explica parte del aumento de casos, pero no explica por qué el riesgo cardiovascular de fondo no baja. Detrás de eso hay una población con enfermedades crónicas mal controladas, como la hipertensión, la diabetes y el sobrepeso u obesidad.
Un mapa del infarto que pide política territorial
La distribución regional refuerza esta lectura. Aysén (160 por 100.000 habitantes), Arica y Parinacota (141) y Atacama (126) registran las tasas más altas de hospitalización por IAM, por sobre la tasa nacional de 105,5. En mortalidad, Ñuble tiene la tasa más alta del país: 70,1 por cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio nacional (39,8). «No es solo un problema clínico, es un problema de acceso y de oportunidad de atención que varía fuertemente según dónde vive la persona», señala el informe.
CIPS-UDD plantea además una brecha de información relevante: si bien las cifras muestran que sobreviven más personas al infarto, hoy no se sabe con qué secuelas quedan. No existe información sistemática sobre cuántos desarrollan insuficiencia cardíaca u otras complicaciones, ni sobre la mortalidad en el mes posterior al alta hospitalaria. Sin ese dato, advierte el informe, la mejora en sobrevida inmediata es una buena noticia incompleta.
«Es una buena noticia que se mueran menos personas cuando llegan a tiempo a un hospital con un infarto, y eso hay que reconocerlo: la red asistencial ha mejorado mucho. Pero el mensaje más importante de este informe no es ese, es que tenemos más infartos cada año, y eso no se explica solo por el envejecimiento de la población. Se explica porque tenemos una población muy enferma y mal controlada. El desafío real, y el que no estamos enfrentando, es la prevención: detectar a tiempo la hipertensión y la diabetes, controlarlas de verdad, y no solo tratar el infarto cuando ya ocurrió», afirmó Paula Daza, directora ejecutiva de CIPS-UDD y exsubsecretaria de Salud Pública.
