SEÑOR DIRECTOR:

Han pasado más de 60 días desde que conocimos el fallo de la Corte Suprema sobre las isapres. En este tiempo hubo silencio desde las autoridades, asperezas en las reuniones de trabajo, cartas públicas de las isapres y, por último, un supuesto plan de acción que estaría trabajando el gobierno para fortalecer a Fonasa.

De esta propuesta solo hay trascendidos, los cuales apuntan a que los pacientes puedan atenderse en el sector privado, siempre que tengan la capacidad de pagar seguros complementarios. Esta propuesta debe tener en cuenta muchos matices, pero principalmente pensar en la diversidad de pacientes.

Hay familias que han visto una opción en el sector privado porque el sistema público no les da respuesta. No son, precisamente, personas con poder adquisitivo alto, pero lo hacen por un solo motivo: mantener con vida a un familiar enfermo.

Una propuesta como esta, si no es bien implementada, hará que estas familias se unan a las largas listas de espera de millones de personas que ya están en Fonasa. A ellos se sumarán los crónicos y personas mayores, quienes más necesitan de atención y que, posiblemente, no podrán financiar un seguro de salud. Así, podemos caer en lo que no queremos: aumentar la inequidad en acceso a la salud.

El tiempo apremia. En esta cuenta regresiva es necesario pensar, realmente, en las distintas realidades de pacientes y, con ello, mejorar la gestión en el sector público y proponer reformas a las isapres para pasar a ser un seguro social.

No se trata de una solución a un modelo; se trata de una solución para cuidar vidas.

Paula Daza N.

Directora ejecutiva de CIPS-UDD

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