Desde 2018 la Corte Suprema ha consolidado múltiples fallos que obligan a Fonasa a cubrir fármacos de alto costo, generalmente para enfermedades raras o poco frecuentes que no están incluidos en la Ley Ricarte Soto o alguna otra normativa.
Basado en que cuando la vida del paciente está en riesgo inminente el Estado debe asegurar el tratamiento independiente del costo, la Corte Suprema ha fallado a favor de las personas.
Sin embargo, la judicialización a favor de los pacientes desencadenó en un monto donde la tendencia, hasta el año pasado, era a ir aumentando.
En 2024, por ejemplo, la cifra superó los $90 mil millones, y en 2025 se esperaba que superara los $80 mil millones (cifra que se había alcanzado en noviembre).
(…) “Esto ya es insostenible”, dice la directora ejecutiva de CIPS-UDD, Paula Daza.
Según la exsubsecretaria de Salud Pública, “la judicialización está ocurriendo porque no se está accediendo a los tratamientos oportunos.
Las personas recurren a los tribunales para exigir el derecho a la vida y eso hace que finalmente la Corte termine aprobando los recursos”.
“Aquí lo complicado es que hay que tener un gasto fiscal que no es planificado y no hay equidad en el acceso porque tienen acceso a las personas que demandan.
Por otro lado, el gasto es mucho más alto y es menos eficiente, lo que aumenta finalmente la presión sobre el presupuesto público, que ha sido cada vez mayor sin resultados de una mejor salud para la población”, dice Daza.
Según la doctora Daza, en este tema lo que hay que hacer no solo va de la mano con los desafíos de Fonasa, sino que se debe “crear un fondo de medicamentos de alto costo que sea oportuno, que sea rápido, que sea transparente.
Que las personas entiendan y sepan ‘estas son las priorizaciones que ha puesto el Estado, porque no se puede financiar todo, y en base a esta priorización, estos son los el porcentaje de financiamiento que le vamos a dar’”.
Además, la exsubsecretaria menciona que hay tratamientos o medicamentos que si bien están en la Ley Ricarte Soto, destinada precisamente a cubrir enfermedades de alto costo, hoy podrían estar en el GES, como los de cáncer de mama.
Y agrega: “Tenemos que hacer una planificación presupuestaria a largo plazo, porque estamos haciendo las planificaciones año a año y probablemente cada autoridad decide financiar más de esto o menos de esto.
Y eso produce mucha incertidumbre, mucha desconfianza en los pacientes, y finalmente las personas terminan judicializando, que claramente significa una falla de la política pública”.
