Un amplio rechazo y cuestionamientos generaron las conclusiones de la Contraloría General de la República en torno a la detección de 18.132 anotaciones de vacunas provenientes de 91 lotes, que aparecen registradas como inoculadas en una fecha posterior a la de su vencimiento, además de inoculaciones con RUT de personas fallecidas, esto entre 2022 y 2023.
(…) Consultada por Emol, Paula Daza, directora ejecutiva de CIPS-UDD y exsubsecretaria de Salud Pública, comentó sobre el informe de Contraloría que «las vacunas son un bien público. Como tal deben cuidarse, administrarse y gestionarse correctamente, de lo contrario, más allá de ser ineficaz en su objetivo sanitario, también lo deja de ser como elemento de equidad para disminuir las desigualdades sociales».
«Como país debemos salvaguardar la cultura y buenos estándares de inoculación y no dejar pasar por alto estos graves hechos administrativos que van en línea contraria», subrayó.
