Es un panorama plagado de cifras, un problema rodeado de expertos proponiendo salidas y una crisis que, a primera vista, podría parecer de carácter técnico. Puede serlo. Pero es a la vez, también una de las disputas políticas más duras del último tiempo.

La situación de alerta en torno al futuro de las isapres y su delicada situación financiera, tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a devolver los cobros en exceso realizados a sus afiliados, es también una discusión en el corazón del Gobierno.

Aunque luego de una tensa espera, el Ejecutivo finalmente puso sobre la mesa su propuesta de ley corta para resolver esta crisis, quienes han revisado en detalle el texto aseguran que en sus párrafos se leen ideas escritas por dos manos distintas.

¿Las dos almas, otra vez? Las miradas

Pese a nacer en la coyuntura específica generada por el fallo de la Suprema, la iniciativa de la ley corta no habla únicamente de qué pueden hacer las isapres para salir de su emergencia financiera.

También innova en torno a Fonasa a través de la creación de la “modalidad de cobertura complementaria”, que permite a sus beneficiarios contratar seguros privados voluntarios en aseguradoras.

Algunos ven en una mitad del proyecto (la que da una salida a la crisis) una visión que al menos intenta evitar un colapso en el sistema, mientras que la otra parte, evocaría más bien a la reforma a la salud planteada en el programa de gobierno.

Entre expertos, hay quienes han planteado la necesidad de separar esta iniciativa en partes, precisamente porque serían, en simple, harinas de distinto costal.

“Hay que dividirlo en dos. Primero, resolvamos el problema urgente, que es lo de la Corte Suprema. Y lo segundo es analizar cómo se hace un proyecto de ley de Fonasa fortalecido”, postula Paula Daza, exsubsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la U. del Desarrollo.

En el oficialismo descartan que haya dos voces en el proyecto y aseguran que los contrastes tuvieron lugar, más bien, en la etapa prelegislativa de fines del año pasado e inicios de 2023.

“Esto se resolvió con el envío del proyecto de ley la semana pasada. De hecho, todas las voces desde Apruebo Dignidad hasta el Socialismo Democrático en la actualidad, están unificadas y el criterio también”, sostiene el senador Juan Luis Castro (PS).

“No puedo decir hoy que haya una diferencia sustantiva, una visión antagónica, respecto al proyecto de ley ingresado. Que haya disposición a mejorarlo, la hay”, añade.

Que las aguas estén tan calmas no es imposible. Pero sí parece improbable cuando, hace pocas semanas, la tensión seguía arriba. “Complicada y sola”

Tanto en los pasillos del Congreso como entre especialistas, tienen claro dónde se para cada uno de los actores en este tablero.

A la ministra Ximena Aguilera, para empezar, la describen como una mujer de izquierda pero ante todo, técnica.

“Por sobre toda las cosas es una persona a la que le importa la salud pública como ciencia, pone a las personas en el centro y en ese sentido, es bastante moderada”, comenta una fuente que trabajó con ella de cerca.

No tiene militancia y aunque se le ve más cercana a la ex-Concertación, también colaboró con el gobierno anterior a propósito de la pandemia.

Dentro del gabinete habría tenido mayores cercanías con el Socialismo Democrático; ha estado en la casa de la ministra Tohá, mientras que la exministra Jeannette Vega (a su vez, cercana a Guido Girardi) habría sido, desde su rol de asesora, otro apoyo.

Pero en sus posturas, al menos en el Minsal no tendría mucha compañía, fuera de sus asesores más directos.

Y es que en el resto de los actores cruciales en salud, la mayoría está en otra vereda. En el último ajuste al gabinete salió de la Subsecretaría de Salud Pública Cristóbal Cuadrado, parte de la camada del Colegio Médico que llegó a distintas carteras al inicio del Gobierno y de conocidas posturas duras que, por estos días, puede volcar en Twitter.

“Las isapres son un escándalo” y “veremos si en el Congreso hay quienes insisten en validar los abusos” decía un tuit que publicó hace días. Quien reemplazó a Cuadrado fue Andrea Albagli, también de RD.

Mismo partido al que pertenece Miguel Crispi, el jefe de asesores del Segundo Piso que también se ha involucrado en la discusión en torno a las isapres.

A la cabeza de Fonasa, clave en toda esta discusión, está Camilo Cid (ind.), quien el año pasado diría en una entrevista que “la idea es que las isapres desaparezcan del mapa de la seguridad social”, pese a que luego argumentaría que “fue como descontextualizado”.

Otro rostro en el debate es el del superintendente de Salud, Víctor Torres (exdiputado DC); conocedor del Congreso y las disputas políticas, ha sido para varios una suerte de liderazgo alternativo al de Aguilera.

“Él quiere ser ministro de Salud”, es el comentario en algunos círculos, algo que con los recientes coqueteos del Ejecutivo con la DC, es una opción que más de alguien en el Congreso se ha imaginado.

Mientras algunos lo describen como dialogante, otros señalan que ha tenido roces fuertes con Aguilera.
“Veo una desconexión, un distanciamiento absoluto de parte de la ministra con el superintendente”, reconoce el diputado RN y miembro de la comisión de Salud, Andrés Celis, quien ve a la ministra “complicada y sola”.

Las aguas por las que le ha tocado navegar a la ministra no han sido las más calmas y los episodios de choque habrían sido ya varios.

Uno de los más recientes habría ocurrido cuando llegó a presentar su propuesta de ley corta (distinta a la que finalmente vio la luz) al comité político hace algunas semanas.

No era cualquier comité, eso sí; no estaba el Presidente y también habrían estado ausentes la jefa del gabinete y el ministro de Hacienda.