En su discurso del sábado, Michelle Bachelet hizo mención a la necesidad de «hacer buena política» y de «prestigiarla». La verdad es que, frente a dichas declaraciones —como también ocurre frente a sus propuestas de nueva Constitución o de gratuidad universal de la educación—, surge inmediatamente la pregunta de cómo lo hará.

Desde luego, la intención de «prestigiar la política» contrasta con lo ocurrido con la acusación constitucional al ministro Beyer.

En efecto, si algo caracteriza a la defensa que se hace del ministro es el apoyo transversal que los más respetados intelectuales y académicos le han dado. Ante ello, evidentemente, el desenfrenado interés de los dirigentes de la Concertación por llevar adelante dicha acusación no contribuye para nada a hacer realidad el deseo de prestigio. Más aún, lo que se ha visto hasta el momento es cómo uno de los guardianes de la candidata Osvaldo Andrade, ha aplastado todo tipo de disidencia al interior del bloque. Basta recordar sus reacciones respecto de los dichos y u Es poco probable que el uso de herramientas como la acusación constitucional contribuya al mejoramiento de la política, Al contrario, el que se la emplee con atención a criterios político partidistas provoca mayor tensión».

Así, con su exuberante confianza en sí mismo, el diputado Andrade ha defendido la necesidad de la acusación como si se tratara de un tema de vital importancia para la sobrevivencia misma del conglomerado.

Ahora bien, más allá de los objetivos políticos detrás de la acusación, lo que podría tener toda suerte de justificaciones existen dos cuestiones que impiden concluir que con ella sea posible contribuir al mejoramiento de la política que plantea la ex mandataria. Primero, porque aun cuando la acusación no es realizada ni sancionada por los tribunales, sino que se trata de un juicio político, justamente, por lo mismo, carece de los mecanismos y prevenciones sustantivas de un juicio propiamente tal. Y en tal sentido, más importantes que los argumentos, son los alineamientos partidarios y electorales que se expresan en los votos.

Asimismo, el que se señale que el Senado actúa como jurado y que sus miembros votan en conciencia nada nos dice de que, a la hora de votar, no se dejen llevar por criterios cortoplacistas. Después de todo, no existe razón para que el veredicto se ajuste a algún otro principio que no sea político electoral.

Segundo, y muy relacionado con lo anterior, aun cuando la acusación sea un instrumento para juzgar el desempeño de las autoridades en lo que respecta a velar por el bien común, y en consecuencia sancionar a quienes se supone se alejan de las funciones políticas que se les han encomendado, lo cierto es que, en la práctica, es un buen instrumento para propósitos distintos: afectar el funcionamiento de un gobierno, posicionar la imagen de un sector dentro de la opinión pública mostrar fuerza política, generar cohesión interna, etc. Todos, objetivos que no necesariamente son de bien común, sino que particulares a un grupo político.

En este sentido, es poco probable que el uso de este tipo de herramientas contribuya al mejoramiento de la política. Al contrario dado que se trata de una institución que reclama mucha seriedad, prudencia, proporcionalidad y, sobre todo, coherencia al momento de ser aplicada, el que se la emplee con atención a criterios político partidistas provoca mayor tensión. La muestra de ello son los dichos del diputado Andrade: «Hay olor a funeral aquí, ya matamos a uno», palabras que no reflejan precisamente un ánimo que prestigie la actividad.

La historia de Chile está plagada de estos ejemplos. Ojalá no volvamos a caer en un sino que provecho no le ha dado ni al país ni menos a la política.

Publicado en Diario La Segunda, el 15 de abril de 2013.