El aumento sostenido de la delincuencia se ha tomado la agenda, pasando de un lugar relevante, pero secundario, a uno dominante en múltiples círculos, no solo políticos, sino que también académicos y ciudadanos. Hoy por hoy es la preocupación en Chile.

Las cifras así lo confirman. Según datos de 2022, en nuestro país los homicidios aumentaron un 42%, así como también los secuestros, que presentaron un incremento del 77% respecto a 2021, un delito que hace unos años era prácticamente inexistente en el territorio nacional.

Por desgracia, los delitos “tradicionales” no son los únicos que van en aumento. En 2021, los países de la región experimentaron más de 28.900 millones de intentos de ciberataque, representando un aumento del 600% respecto a 2020.

Este fenómeno no es exclusivo de América Latina, incluso el mundo desarrollado se está enfrentando a una fuerte y creciente ola de cibercrimen. Según la Encuesta de Delitos de Inglaterra y Gales, en 2019 hubo 3,8 millones de incidentes de fraude en línea, lo que representó el tercio de todos los delitos cometidos.

Este número ha seguido aumentando desde 2017. Aproximadamente, el 7% de los adultos fueron víctimas, de los cuales el 75% perdieron dinero y, de ellos, el 15% perdieron más de £1.000. En Estados Unidos, los casos de fraude en internet denunciados aumentaron en 69% en 2020, con pérdidas totales de $4,2 mil millones de dólares.

También están creciendo los delitos que son habilitados por la expansión de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, las llamadas telefónicas y los mensajes de texto de spam generados por computador, que buscan engañar a las personas, generan millones en pérdidas cada año.

La tecnología moderna también facilita la perpetración de delitos tradicionales, como el tráfico de drogas, ya que los traficantes utilizan criptomonedas, como Bitcoin, para recibir pagos y mover las ganancias, y programas de comunicación cifrada para organizar sus actividades. En ese sentido, hoy en día, no hay crimen organizado a gran escala que no tenga un componente digital.

Es preocupante que nuestros representantes no estén poniendo como prioridad resolver esta catástrofe. A pesar de lo mucho que se está discutiendo sobre delincuencia y crimen organizado, iniciativas tales como la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información o la Ley de Protección de Datos, todavía no han sido aprobadas.

Chile se está moviendo lentamente en el asunto. Pareciera ser que los políticos y el gobierno en particular, a pesar de su juventud y supuesta conexión con las últimas tendencias, todavía no han entendido la velocidad con la que está evolucionando el delito nuestro país y el mundo.

¿Es necesario dilatar más el proceso para tener un marco regulatorio a la altura de nuestros tiempos? Esperemos que este tema no se transforme en otro espacio de discusión ideológica que produzca paralización y polarización, dado que Chile necesita soluciones en el corto plazo.

Columna escrita por Juan Pablo Sims, Centro de Estudios de Relaciones Internacionales, Universidad del Desarrollo, para el diario La Tercera.