La migración venezolana ha despertado el interés de algunos países de América Latina en construir una agenda migratoria regional. Luego de casi cuatro años de un aumento exponencial de la diáspora de venezolanos en varios países de la región, el gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno convocó el 28 de agosto a un selecto grupo de países latinoamericanos y caribeños a una reunión extraordinaria los días 3 y 4 de septiembre en Quito. Entre los países que están invitados destacan Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Haití, México, República Dominicana, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros.

En términos generales, el objetivo del encuentro es analizar la “inusual” emigración de personas desde Venezuela y su impacto en la región. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), América del Sur concentra casi la mitad de los 1,7 millones de venezolanos y venezolanas que se encontraban fuera de su país en el año 2017. Según algunos informes de prensa, se estima que la diáspora venezolana podría estar alcanzando un total de cuatro millones de personas a nivel mundial en lo que va del año. De este total, cerca de la mitad estaría asentado en América del Sur, especialmente en Colombia, Perú y Ecuador, países que concentrarían 1 millón, 400 mil y 200 mil venezolanos, respectivamente. Sin embargo, estas estimaciones están basadas en cálculos que merecen el beneficio de la duda por dos motivos: 1) en primer lugar, el complejo dinamismo de la migración venezolana en América del Sur; y 2) en segundo lugar, el desastre administrativo y metodológico que enfrentan los países de la región al separar y mezclar ingresos, salidas, solicitudes de asilo y residencias variadas en sus cálculos respectivos.

Aparte de los números, el llamado ecuatoriano emerge en un escenario regional políticamente caldeado. El 04 de agosto, durante una celebración de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, un aparente artefacto explosivo detonó en las cercanías del palco presidencial donde Nicolás Maduro realizaba su discurso, situación que ha generado reacciones divergentes a nivel mundial y regional sobre su origen e intencionalidad. Además, en las últimas semanas, el régimen venezolano ha implementado un conjunto de reformas monetarias que, bajo la mirada escéptica de observadores internacionales, pretenden revertir el caos macroeconómico que sufre el país. Por otra parte, tres días después del supuesto atentado contra el mandatario venezolano, Iván Duque asumió la presidencia de Colombia, complejizando aún más la frágil y deteriorada relación política que existía con Venezuela durante la administración de Juan Manuel Santos.

Por otra parte, hace pocas semanas un campamento de migrantes venezolanos fue asediado por residentes de Pacaraima, Brasil, muy cerca de la frontera con Venezuela. Esta acción, que provocó sendos disturbios, terminó con la expulsión a la fuerza de los migrantes de sus tiendas de campaña, quienes posteriormente sufrieron la destrucción de sus pertenencias personales en manos de los agresores. El gobierno federal de Temer reaccionó enviando tropas militares a la zona y anunciando que implementaría un plan de restricción de ingresos desde Venezuela hacia Brasil, lo cual ha sido criticado por activistas en derechos humanos.

La decisión de Temer, drástica en su naturaleza, se da en medio de una serie de medidas administrativas recientes a nivel regional que buscan regular la migración venezolana desde perspectivas asociadas a la seguridad. Dentro de ellas, destaca el fallido intento ecuatoriano por solicitar pasaportes a venezolanos en la frontera norte y la decisión -aún vigente- de Perú de requerir estos documentos en su frontera con Ecuador. Asimismo, desde abril de este año, Chile comenzó a implementar la Visa de Responsabilidad Democrática para ciudadanos venezolanos, permiso de residencia temporal renovable por un año que se tramita en los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz, lo cual ha generado problemas logísticos para los postulantes que residen lejos de esas ciudades.

En medio de todas estas situaciones, vale preguntarse las razones que motivan a Ecuador a convocar un encuentro regional que, tal como señaló el canciller José Valencia, aspira a promover una migración “ordenada y segura” de venezolanos en América Latina. En este sentido, sugiero que la decisión de Ecuador responde a la tensión en curso que comparte diferenciadamente con otros países andinos (e.g. Colombia, Perú) de ser percibidos como países de tránsito a ser considerados como países de destino por la diáspora venezolana.

Ecuador, hasta hace un par de meses, era más bien un país de tránsito para los venezolanos. Muchos de ellos viajaban por tierra a Ecuador desde Colombia y luego a Perú para finalmente llegar a Chile y eventualmente a Argentina. Esa era la dinámica “percibida” en Ecuador. Sin embargo, la estadía de venezolanos en Ecuador y Perú aparentemente se ha extendido más de lo usual. Según lo que señalan medios peruanos y ecuatorianos, entre 2017 y lo que va de 2018, la cantidad de ingresos registrados de venezolanos a ambos países andinos ha aumentado considerablemente por sobre la cantidad de salidas registradas durante el mismo período de tiempo. En el caso de Ecuador, el stock de venezolanos giraría alrededor de las 200 mil personas a la fecha, muchos de los cuales podrían ser indocumentados debido a una permanencia mayor a la establecida. Esta situación da a entender a las autoridades ecuatorianas y peruanas que hay venezolanos que se quedan y no siguen su camino hacia Chile o Argentina.

Las razones que explican un período más largo de estadía en países supuestamente de tránsito pueden ser varias. Sin embargo, el endurecimiento de los controles fronterizos en Argentina y Chile, junto con el establecimiento por parte de este último país de una visa especial para venezolanos y la creación un procedimiento extraordinario de regularización para migrantes asentados en territorio nacional, podrían explicar convincentemente el desincentivo temporal o permanente de los migrantes provenientes de Venezuela por llegar a los países del Cono Sur. Esta situación, hipotética en su planteamiento, tiene un impacto importante en la gobernanza migratoria de países como Perú y Ecuador, destacando este último por ser el que concentra la mayor cantidad de refugiados en la región, a saber, entre 60 y 70 mil, la gran mayoría de ellos colombianos que han escapado del conflicto interno de su país.

Las medidas y prácticas restrictivas, de una forma u otra, tienden a formar parte de las percepciones de los migrantes, oficiales migratorios y decisores políticos. Por el lado de los migrantes, quienes deben lidiar con desafíos cotidianos e información limitada, cambiante y a veces confusa, la posibilidad de mayores controles migratorios o trabas para encontrar trabajo pueden influir en sus decisiones migratorias. Por el lado de los oficiales migratorios y decisores políticos, la solicitud de pasaportes a venezolanos que buscó implementar Ecuador y que pudo establecer Perú podría estar respondiendo a los posibles efectos inhibidores que han tenido las medidas y prácticas restrictivas implementadas por Argentina y Chile en las decisiones migratorias de la diáspora venezolana. Esto, sin lugar a dudas, no es auspicioso para la promoción de derechos y responsabilidades de los migrantes y sus familias, especialmente para los venezolanos más vulnerables.

Quienes estudian la creación consecutiva de políticas migratorias y de refugio restrictivas a nivel regional denominan a este proceso como “práctica de imitación” (o copycat practice en inglés). Esta idea, que proviene de las teorías sobre Policy Diffusion en el contexto europeo, sostiene que los países receptores de migración comienzan a “copiar” lógicas restrictivas cuando países vecinos o geográficamente cercanos implementan medidas restrictivas hacia una determinada población migrante. El objetivo del país “copiador” es evitar ser el punto “más fácil” de acceso o estadía para los migrantes afectados por las trabas o restricciones a su movilidad o permanencia en otro país próximo.

En este sentido, la acción nacional y regional de Ecuador en materia migratoria podría leerse como un intento de articular esfuerzos políticos, económicos y administrativos con otros países de origen, tránsito y/o destino de la migración intrarregional para dar respuestas similares a los migrantes provenientes de Venezuela. Si bien los esfuerzos probablemente contemplarán asuntos de carácter humanitario, el foco seguramente estará puesto en aspectos de seguridad y sistemas de información migratoria “24/7” entre las burocracias de los países involucrados. Por otra parte, habrá que estar atento a si se incluyen otras poblaciones migrantes en la agenda de trabajo o compromisos preliminares que definan los países una vez culminada la reunión. Lo que debemos esperar es que los temas de esta reunión regional no sólo se enfoquen en la gobernanza migratoria de los países convocados, sino que también en los derechos, responsabilidades y oportunidades a los cuales puedan acceder los migrantes en general y los venezolanos en particular en las sociedades de destino.