Según estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración, de acuerdo a las visas y permisos de residencia otorgados, en 2014 residían en Chile aproximadamente 411.000 personas extranjeras. Esta cifra trata de una población caracterizada por estar en edad joven y laboralmente activa, ya que el 57% tiene entre 15 y 44 años de edad. La población migrante se concentra en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Tarapacá y Valparaíso y, en su mayoría, proviene de países latinoamericanos. Lentamente, la sociedad chilena ha comenzado a percibir y reflexionar sobre las implicancias de las migraciones para nuestro país. En este sentido, ha surgido un cuestionamiento sobre las leyes y las políticas públicas que gestionan el hecho migratorio.

¿Por qué Chile se ha transformado en un país atractivo para los flujos migratorios?

A partir de 1990, el sistema económico implantado se estabiliza y la imagen-país parece mejorar en el plano internacional. Dentro de la región, se destaca su equilibrio económico y su estabilidad sociopolítica, en comparación con las crisis de los países vecinos. Estos elementos se unen a la creciente restricción migratoria de Europa y Estados Unidos (de modo particular, después del 11-S) para configurar al país como un nuevo destino de la migración regional en los últimos años. Además, hay indicadores que confirman esta imagen positiva, Chile tiene un Índice de Desarrollo Humano de 0,878 (calificado como Alto) que lo ubica a nivel internacional en el puesto 44 (entre 182 países) y 1º en la región latinoamericana. Empero, respecto al Índice de Potenciación de Género (IPG) sobre el acceso de las mujeres a los cargos de poder, el país ocupa el puesto 75 entre 109 y el PIB per cápita alcanza los U$23.563 en el año 2015, de acuerdo al FMI.

Debido a diversos factores, como las redes migratorias o las ofertas del mercado laboral, las familias migrantes se instalan en las principales ciudades o en aquellos lugares donde existen ofertas de empleo. Sin embargo, por razones de segmentación del mercado de trabajo y de la estructura social de los países de destino, generalmente las familias migrantes deben enfrentar duras condiciones de vida, como habitar en barrios con altos índices de exclusión social, trabajar en empleos inestables y mal pagados, estar expuestos a vivir en condiciones de precariedad y ser víctimas de la discriminación y el racismo.

En Chile la normativa migratoria vigente se rige por el Decreto con fuerza de Ley Nº 69 del año 1953, el cual sienta las bases del verdadero marco jurídico que es el Decreto Ley Nº 1.094 del año 1975, conocido como “Ley de Extranjería”. Es preciso reconocer que dado el escenario histórico de Dictadura Militar en que fue elaborado, este Decreto tiene un carácter restrictivo y controla principalmente las migraciones desde los procedimientos de entrada, permanencia y salida de extranjeros en el país, mientras que el acceso a derechos sociales, como la salud o la educación están bastante ausentes.

Desde la llegada de la democracia, han surgido diversas iniciativas para actualizar la ley migratoria. Por ejemplo, en el 1993 ingresó a la Cámara de Diputados un Proyecto de ley sobre Migraciones, sin embargo, se archivó en julio de 1997. En el año 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se propuso la creación de una ley migratoria, a través del conocido Instructivo  Presidencial  N°9, pero finalmente no prosperó. En el año 2013, el ex presidente, Sebastián Piñera, presentó un Proyecto de Ley de Migración y Extranjería que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados (Mensaje Nº 089-361). No obstante, este último Proyecto de Ley ha recibido críticas por su visión economicista, relacionando la migración solo con la necesidad de fuerza laboral.

Durante este segundo gobierno de Michelle Bachelet, se emitió el Instructivo Presidencial Nº 5, que disponía la elaboración de un nuevo Proyecto de Ley de Migraciones. El Departamento de Extranjería y Migración lideró este proceso, el cual contó con la participación de organizaciones sociales y personas expertas que se dedican a investigar el fenómeno migratorio. En este Proyecto se estipula la creación de una Subsecretaría de Migraciones, es decir, una nueva institucionalidad migratoria con mayores atribuciones políticas y con más presupuesto, lo que, sin duda, se iría aplicando de modo paulatino, ya que requiere de una serie de cambios legislativos para entrar en funcionamiento. Esperemos que, dado que el tema se instaló en la agenda, exista voluntad política para presentar este nuevo Proyecto al Congreso y, así, se inicie el debate legislativo, lo que dará origen al respectivo debate público sobre el fenómeno migratorio.

A pesar de esto, paralelamente, los diversos gobiernos democráticos han ido promulgando diferentes instrumentos administrativos para garantizar los derechos de la población migrante en ámbitos claves, como salud y educación. Por nombrar solo algunos, el Ministerio de Educación ha emitido diversos Instructivos para garantizar el ingreso escolar de la niñez migrante y se ha establecido el acceso a la educación parvularia; se incorporó al sistema público de salud a personas adultas, niñas y niños migrantes y a la red de protección de SENAME; se creó la visa por motivos de trabajo y se permitió la postulación al subsidio de vivienda, entre otros.

Es evidente que el fenómeno de la migración contemporánea requiere de Políticas Públicas integrales –leyes de estado, no basta con instrumentos administrativos– que aborden las diversas dimensiones del proceso migratorio, tantos en sus aspectos políticos, jurídicos y económicos, así como en los ámbitos sociales y culturales.

De acuerdo a Saskia Sassen, la migración es un fenómeno que conlleva una gran complejidad en sí misma, ya que atañe a la dimensión política de los Estados-nación modernos y su respectivo control de fronteras, a través del ejercicio de su soberanía; a  la dimensión económica de los mercados, que requieren mano de obra en un contexto de globalización y a la dimensión jurídica, porque los Estados adhieren al régimen internacional de los derechos humanos, lo que implica reconocer a las personas migrantes en su condición de sujetos de derechos. A su vez, estos tres elementos (político, económico y jurídico) se tensionan en el espacio local, donde surgen conflictos de convivencia y adaptación, porque es ahí donde finalmente se viven los procesos de integración y cohesión social.

Con todo, es urgente que el Estado de Chile actualice no solo las leyes migratorias relativas al control de fronteras, sino, especialmente que se haga cargo del fenómeno de la migración desde la complejidad que ello implica. El diagnóstico parece claro y ampliamente compartido por la sociedad –lo que ya es una coyuntura ventajosa–, ahora corresponde a nuestras instituciones diseñar una estrategia política integral acorde con la realidad actual de nuestro país.