El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) conocido a inicios de octubre de este año constituyó una indiscutible victoria para la posición defendida por Chile. Contra el pesimismo imperante durante los meses previos, la CIJ no reconoció que nuestro país hubiera contraído para sí la obligación de negociar un acceso soberano al mar en favor de Bolivia.

Luego de años de encontrones diplomáticos en los que el Presidente Evo Morales marcó el ritmo de las relaciones bilaterales, hoy Chile parece tener el sartén por el mango. No obstante, la aspiración marítima boliviana continúa siendo uno de los principales nudos de conflicto que enfrenta la política exterior chilena en la actualidad. De perdurar la ausencia de condiciones para avanzar en el diálogo bilateral, los dilemas de nuestras relaciones vecinales prometen persistir por generaciones.

Al tiempo que las relaciones con La Paz se deterioraban aceleradamente, la política exterior chilena comenzó a experimentar sutiles, pero importantes tensiones tectónicas que requieren ser abordadas en el mediano plazo.

Derecho y política internacional

La primera tensión es aquella entre las aproximaciones legalista y política a las relaciones internacionales. Si bien la observancia de las normas de derecho internacional ha sido parte del discurso estructural de la diplomacia chilena, tal sedimentación ha redundado en la emergencia de posiciones que, amparadas en la reificación de los tratados internacionales, soslayan los problemas diplomáticos históricos aún no resueltos, particularmente con los vecinos.

A inicios de octubre, diversos líderes de opinión catalogaron el dictamen como “un triunfo del derecho internacional”. Hoy, tal es uno de los principales riesgos para la diplomacia nacional: que el “triunfo del derecho” acabe transformándose en la consolidación de una hegemonía legalista ortodoxa en la práctica discursiva de la política exterior chilena, en desmedro de la creatividad y flexibilidad que requieren ser cultivadas para avanzar hacia la superación de nuestros dilemas vecinales.

La trampa legalista está al acecho. Pero, como demostró el diferendo con Perú, el derecho no siempre estará de nuestro lado, por “cerrado” que esté el tema. Y, como probablemente nos mostrará el caso boliviano, los problemas seguirán existiendo aun cuando nos asista la razón jurídica.

Consenso y poder nacional

La segunda tensión tectónica tiene lugar entre las nuevas tendencias del sistema político chileno post-binominal y lo que el realismo neoclásico de las Relaciones Internacionales denomina como la movilización de los recursos del poder nacional; es decir, la capacidad de los líderes estatales para asegurar el apoyo doméstico a las iniciativas de política exterior.[1]

Tras el retorno a la democracia, la idea según la cual la política exterior constituía una política “de consenso” y/o “de Estado” fue el principal mecanismo por medio del cual los gobiernos movilizaron el poder nacional. Entendido como dispositivo discursivo que performa la realidad social en lugar de meramente describirla, la apelación al consenso excluye los discursos disidentes y reafirma la posición autoritativa de las élites conductoras de la política exterior en la construcción[2] de los intereses nacionales, limitando la deliberación democrática en torno a la política exterior. O al menos así solía hacerlo.

El fin de la democracia de consenso[3] parece haber traído consigo el fin de la política exterior consensual. La apelación a la razón de Estado y el consenso ha dado atisbos de no gozar de la misma efectividad que antaño en la movilización del poder nacional. Esto se da incluso en cuestiones vinculadas a la soberanía territorial, como en el caso de Bolivia. Un ejemplo de ello fue la ausencia del Frente Amplio y el Partido Comunista de una reunión de representantes de los partidos políticos celebrada en La Moneda, con ocasión de los alegatos orales, en marzo de este año. Asimismo, al interior de partidos de gobierno y oposición existían (y existen) distintas posiciones respecto a la conveniencia de denunciar el Pacto de Bogotá o incluso si respetar la resolución de la CIJ.

Estatus internacional y tensiones tectónicas

La contundencia del fallo evitó que las tensiones tectónicas remecieran la política exterior chilena: no hubo estrategia jurídica que criticar ni consenso político que articular. De esto último se encargó el triunfo.

La efectiva estrategia con la que Chile incrementó sustantivamente su estatus internacional durante los últimos 30 años probó tener un rendimiento decreciente de escala; en otras palabras, ella es cada vez menos efectiva. La paradoja del nuevo estatus chileno es que, para mantener y seguir mejorando su posición internacional, el país debe hacerse cargo de los problemas históricos a costa de cuyo temporal encapsulamiento, por medio de “agendas de futuro”, logró generar condiciones favorables para escalar en las jerarquías internacionales.

El desafío, entonces, parece ser doble: sortear los cantos de sirena que conducen hacia la trampa del legalismo, así como avanzar en la construcción de mecanismos institucionales que logren conciliar el necesario debate democrático sobre la política exterior y la movilización del poder nacional.

Por ahora, la política exterior logró esquivar, meritoriamente, su prueba de fuego.

[1] Christensen, Thomas J. (1986). Useful adversaries: grand strategy, domestic mobilization, and Sino-American conflict, 1947-1958. Princeton: Princeton University Press.

[2] Weldes, Jutta (1999). Constructing national interests: The United States and the Cuban Missile Crisis. Minneapolis: University of Minnesota Press.

[3] Fábrega, Jorge et al. (2018). Polarization and electoral incentives: The end of the Chilean consensus democracy, 1990-2014. Latin American Politics and Society, 60 (4), pp. 49-68.