En la actualidad, Japón enfrenta una de sus crisis demográficas más graves de las últimas décadas. En el último censo del 2015, cuyos datos preliminares se publicaron el año pasado, se constató que desde el 2010 la población decrece año tras año, al mismo tiempo que envejece: en el país hay cerca de 127 millones de habitantes, cien mil menos que el año anterior. Se piensa que para la década de 2050 Japón contará con menos de cien millones de habitantes, número que no se ve desde los años 60. Esta crisis, aparentemente silenciosa, puede significar serias repercusiones, lo que tiene al gobierno japonés en la actualidad buscando maneras para que el sistema no se desmorone.

Este decrecimiento poblacional que experimenta Japón se explica, por un lado, por la disminución de la natalidad, muy por debajo de la tasa de recambio necesaria para que un país se estabilice o crezca; y, por otro, por el envejecimiento de la población, producto del alza en la esperanza de vida. El problema, por cierto, no estriba en el número, sino que en las consecuencias que esta baja poblacional tiene para la economía y a nivel social. El envejecimiento de la población y la baja natalidad se traducen en la disminución de la población laboral activa, sostén de la economía y del sistema de pensiones. Con casi un 30% de la población en la tercera edad (65 años o más), en unos pocos años el sistema de seguridad social no dará abasto, especialmente si este desbalance entre la fuerza laboral y los pensionados continúa.

Ante esta crisis, el gobierno se ha visto en la obligación de buscar mecanismos para poder subsanar a corto y mediano plazo los efectos adversos que esta situación tiene para la economía y para sostener la posición de Japón en el escenario internacional. Es precisamente su poder económico la base de la transformación de Japón en potencia regional y global.

Las Abenomics, una serie de medidas económicas impulsadas por el primer ministro Shinzo Abe, que tienen como norte sacar a Japón del estancamiento, buscan enfrentar este problema de manera integral. Entre éstas, está la reforma que busca atraer trabajadores, a través de la facilitación del acceso de las mujeres al mercado laboral. Efectivamente, uno de los factores que explica el descenso de la natalidad es la tendencia actual a la postergación (si es que no renuncia total) del matrimonio y la maternidad para muchas mujeres en el archipiélago, que optan por privilegiar la vida personal y profesional, ante la dificultad (económica y cultural) de poder compatibilizar ambas vidas. Y es en lo cultural que esta medida no ha dado los frutos esperados, principalmente en las grandes empresas, donde la mujer sigue estando subrepresentada y cumpliendo roles menores.

Por años, Japón ha sido catalogado por la OCDE como uno de los países más equitativos y con mejor calidad de vida del mundo desarrollado. Esta realidad, sin embargo, parece disiparse por la inestabilidad económica que enfrenta el país. Persiste el temor que todo aquello que definió a Japón a partir de la década de 1950 en adelante, puede parecer un cuento del pasado, como lo fue su milagro económico, su rol de asistencia e inversión en el Asia, así como el sistema de empleo de por vida, entre otros. Sin generaciones de recambio suficientes, no es sólo la población que se encogerá, sino que la economía, y alcanzar los niveles de productividad de décadas previas se perfila de manera incierta.

Asimismo, esta crisis demográfica se convierte en un obstáculo que puede afectar fuertemente el sitial que tiene la isla en la región del Asia. Con el poderío económico que ha alcanzado China y que la ha empoderado a nivel regional e internacional, es muy difícil ver a un Japón que pueda posicionarse como un actor fuerte en el escenario global y que pueda hacerle frente a China en el futuro próximo, si no resuelve este problema estructural.

Otros países que han experimentado este mismo problema, como ha sido el caso de algunos países en Europa, lo han enfrentado, entre otras formas, con la flexibilización de políticas migratorias. Para Japón, sin embargo, esta alternativa no es tan fácil de considerar ni de debatir, principalmente por la permanencia del histórico discurso de homogeneidad étnica que ha definido a la nación japonesa desde el siglo XIX en adelante. Es este discurso, entre otros factores, el que ha mantenido a Japón relativamente distante de las tendencias de la migración internacional actual: es un país desarrollado, y con necesidad de mano de obra, pero que no ha recibido grandes oleadas migratorias. Japón no ha cerrado sus puertas completamente a la migración, pero su enfoque se ha limitado al ingreso de trabajadores calificados (técnicos y profesionales) y de descendientes japoneses en el extranjero. Aquí, los trabajadores extranjeros históricamente han sido minoría, sin embargo, el 2016 llegaron por primera vez a más de un millón de personas (un 1,56% de la fuerza laboral, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar). La mayoría de los extranjeros provienen de la región misma, particularmente de China y el Sudeste asiático (Vietnam, Filipinas), y llegan para trabajar en áreas de servicio, tras períodos de entrenamiento y aprendizaje del idioma.

¿Cuánta confianza depositará Japón en la migración para poder enfrentar su crisis demográfica? Lo más probable es que ésta no varíe significativamente, al menos no en el futuro inmediato. El gobierno japonés, tal como lo ha demostrado con sus últimas reformas, no cree que la única solución a esta crisis sea la apertura a la inmigración, y difícilmente cambiará de parecer, a menos que se discuta seriamente la apertura a la migración y sus consecuencias culturales. A pesar de lo anterior, es posible ver en el caso japonés una oportunidad de evaluar hasta qué punto los cambios sociales, culturales y económicos pueden ser más eficaces que la migración internacional, que podría ser un anticipo de lo que muchas naciones con población decreciente experimentan hoy.