La queja consignada por el Padre Fernando Montes, actual Rector de la Universidad Alberto Hurtado, tiene varias implicancias que conviene poner de relieve. En los \u00faltimos meses, la Nueva Mayor\u00eda ha enviado una serie de proyectos de ley que buscan (cu\u00e1l m\u00e1s, cu\u00e1l menos) reconfigurar el sistema educativo nacional. Estas reformas tienen un sesgo ideol\u00f3gico al considerar que el Estado \u2013y la mentada \u201chegemon\u00eda de lo p\u00fablico\u201d- tiene una competencia cualitativamente superior a la hora de garantizar calidad y equidad educacional. Dicho de otra forma, se desvaloriza el valor compartido que genera la mixtura p\u00fablico\u2013privada para proveer de forma m\u00e1s eficiente la diversidad intercultural de los bienes p\u00fablicos.<\/p>\n
En este contexto, surge la reforma del fin del copago, el lucro y la selecci\u00f3n; llamada de \u201cInclusi\u00f3n\u201d para ocultar la idea traslapada de que, independiente de los efectos nulos que tenga para la calidad y equidad de la educaci\u00f3n, prima con fuerza la idea de hundir un modelo que, a pesar de su \u00e9xito, no les acomoda.<\/p>\n
Aunque en los \u00faltimos d\u00edas el ministro del Interior ha tratado de reponer la mesura institucional, en educaci\u00f3n superior la met\u00e1fora de la retroexcavadora parece aumentar con fuerza su velocidad. As\u00ed, la gratuidad anunciada para el 60% de los alumnos m\u00e1s vulnerables de los CFT, IP y Universidades del CRUCH estar\u00eda orientada a afectar la matr\u00edcula de las universidades privadas no tradicionales, que en muchos casos tienen mejores indicadores de calidad que algunas universidades tradicionales.<\/p>\n
Junto con lo anterior, se sugieren nuevos criterios para obtener la acreditaci\u00f3n institucional a la medida de las universidades del CRUCH, cuesti\u00f3n que podr\u00eda significar el cierre transversal de varias universidades privadas (\u201calternativas\u201d o \u201cexperimentales\u201d) que, contando con infraestructura, calidad, gesti\u00f3n institucional, capital acad\u00e9mico y tasas de empleabilidad, no obtendr\u00edan la acreditaci\u00f3n restrictiva que sugiere la nueva Ley de acreditaci\u00f3n. Ello sin perjuicio de su evidente consolidaci\u00f3n institucional. De ser as\u00ed, y frente a la \u201camenaza\u201d de un cierre gradual pero centrado en el monopolio estatal, no es descabellado estimar que cerca de 180.000 alumnos tendr\u00edan que ser reubicados en otras instituciones bajo los dict\u00e1menes del CRUCH \u2013u otras formas de cierre determinados desde el Estado\u2013.<\/p>\n
Por su parte, el proyecto de Ley de Educaci\u00f3n Superior establecer\u00e1 los requisitos para acceder a la gratuidad y, dado los antecedentes expuestos, lo m\u00e1s probable es que estar\u00e1n orientados a satisfacer los intereses de una \u201cburgues\u00eda fiscal\u201d que considera que los privados deben estar excluidos \u2013o fuertemente \u201ccondicionados\u201d- en la producci\u00f3n de bienes p\u00fablicos. De esta forma se incentivar\u00e1 un alineamiento con estos intereses, firmando un pacto que establezca entre otras cosas un curr\u00edculum m\u00ednimo nacional para las carreras profesionales; una oferta homog\u00e9nea vertebrada desde el Estado y, junto con ello, una visi\u00f3n\/misi\u00f3n de orientaci\u00f3n estatal para todas las universidades, con excepciones que sugieren una estratificaci\u00f3n discriminatoria. En definitiva, se apostar\u00eda por eliminar los proyectos educativos \u201cdistintivos\u201d o \u201calternativos\u201d, amenazando con ello la calidad y pluralidad del sistema al traspasar gran parte de la responsabilidad formativa al Estado. Sin perjuicio de los d\u00e9ficit que presentan algunas instituciones privadas \u2013que tambi\u00e9n alcanzan a universidades p\u00fablicas- es esencial mantener el componente democratizador que gener\u00f3 la extensi\u00f3n del sistema de educaci\u00f3n superior que posibilit\u00f3 el acceso a los grupos medios y a una nueva parte de la sociedad chilena.<\/p>\n
En este sentido, es probable adem\u00e1s que el Proyecto de Educaci\u00f3n Superior financie la oferta y no la demanda como mecanismo para reducir la libertad de elecci\u00f3n de los alumnos y sus familias. Esto ser\u00eda una se\u00f1al m\u00e1s del poder estatal que se espera instalar en todo el sistema escolar y universitario, desvalorizando el poder decisional de los individuos a trav\u00e9s de las elecciones que el Estado tomar\u00e1 por ellos.<\/p>\n
En s\u00edntesis,\u00a0ciertos sectores de la Nueva Mayor\u00eda persisten en derribar el modelo, establecer correcciones estructurales a ese mismo modelo que sit\u00faa a Chile como l\u00edder educativo en Latinoam\u00e9rica, con alt\u00edsimas tasas de cobertura y que aumenta sostenidamente el ingreso de los alumnos prioritarios a la Educaci\u00f3n Superior.<\/p>\n