SE\u00d1OR DIRECTOR<\/p>\n
El gobierno ha propuesto hacer extensivo el control de identidad a menores de edad. Esto ha generado rechazo con distintos argumentos. Por ejemplo, que si no ha sido efectivo con adultos (6% de efectividad en 2018), entonces no lo ser\u00e1 con menores. El INDH considera que hay que prevenir la presencia de arbitrariedades, y la Defensor\u00eda de la Ni\u00f1ez, que va contra los est\u00e1ndares internacionales de DD.HH.<\/p>\n
Sin embargo, en abril de 2018, el Ministerio P\u00fablico manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el aumento en 51% de los delitos cometidos por menores en los \u00faltimos 10 a\u00f1os.<\/p>\n
En este contexto, cabe destacar que el ingreso temprano en el delito se est\u00e1 dando mucho antes de los 18 o 16 a\u00f1os, quienes por lo dem\u00e1s no son \u201cni\u00f1os\u201d o \u201cni\u00f1as\u201d. En efecto, este problema debe ser abordado de manera integral, introduciendo agravantes en el C\u00f3digo Penal, realizar estudios ecol\u00f3gicos del crimen y sistemas de alerta temprana, que visibilicen la magnitud del problema en barrios segregados y condiciones de extrema vulnerabilidad.<\/p>\n
Lo anterior, sin embargo, no es incompatible con dotar a las polic\u00edas de herramientas de control, sobre una poblaci\u00f3n que, hoy, cuenta con una Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.<\/p>\n