{"id":3135,"date":"2017-11-23T22:42:18","date_gmt":"2017-11-24T01:42:18","guid":{"rendered":"http:\/\/gobierno.udd.cl\/cpp\/?p=3135"},"modified":"2017-11-23T22:45:28","modified_gmt":"2017-11-24T01:45:28","slug":"columna-de-jose-de-la-cruz-garrido-daniela-vargas-el-dilema-entre-la-bioetica-y-la-justicia-social-la-nacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gobierno.udd.cl\/cpp\/noticias\/2017\/11\/23\/columna-de-jose-de-la-cruz-garrido-daniela-vargas-el-dilema-entre-la-bioetica-y-la-justicia-social-la-nacion\/","title":{"rendered":"Columna de Jos\u00e9 de la Cruz Garrido: \u00abDaniela Vargas: el dilema entre la bio\u00e9tica y la justicia social\u00bb – La Naci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

*Por Jos\u00e9 de la Cruz Garrido F.<\/strong><\/p>\n

La reciente columna publicada por Carlos Pe\u00f1a el pasado domingo en El Mercurio, abri\u00f3 el debate sobre el cruce que existe entre las obligaciones de un equipo de profesionales de la salud y c\u00f3mo organizamos las instituciones que provisionan de servicios p\u00fablicos.<\/p>\n

El columnista, sin embargo, comete un error, al se\u00f1alar que el criterio utilizado por la Red de Salud Christus UC era utilitarista.<\/p>\n

Como bien se\u00f1al\u00f3 el director del Hospital Cl\u00ednico Red de Salud UC Christus, Ricardo Rabagliati, se procedi\u00f3 conforme al principio bio\u00e9tico de proporcionalidad terap\u00e9utica.<\/p>\n

Pero, adem\u00e1s, Pe\u00f1a yerra en su definici\u00f3n estrecha de una teor\u00eda moral utilitarista por referencia a un principio maximizador de utilidades.Es bastante corriente, en este punto, dejarse llevar por una definici\u00f3n que pasa por alto una concepci\u00f3n m\u00e1s elaborada, como la que ofrece John Stuart Mill (en su obra \u201cUtilitarismo\u201d) donde el principio utilitarista de lo que es justo se define por referencia al hecho que las acciones son justas en la medida que tienden a producir el mayor bienestar general de los dem\u00e1s (en t\u00e9rminos de satisfacci\u00f3n subjetiva individual (placer) o la \u201cmayor cantidad de felicidad general\u201d), vistas dichas acciones desde un \u201cespectador estrictamente imparcial como desinteresado y benevolente\u201d.<\/p>\n

Por lo mismo que las leyes, seg\u00fan la moral utilitarista de Mill, alinea el inter\u00e9s del agente al inter\u00e9s de la comunidad.<\/p>\n

Esta versi\u00f3n menos economicista y m\u00e1s filos\u00f3fica, influy\u00f3 fuertemente en las posiciones contempor\u00e1neas que buscan, desde el trabajo seminal de John Rawls (1971), someter a exigencias morales, como la equidad, nuestras elecciones racionales, sobre cuestiones que son objeto de justicia social, como las instituciones o \u201cbienes primarios\u201d, como lo es justamente la atenci\u00f3n de salud.En este contexto, pretendo mostrar c\u00f3mo con el caso de Daniela Vargas se nos presenta un dilema institucional que debe ser resuelto, en particular para la situaci\u00f3n que viven menores desprotegidos y en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos.<\/p>\n

Desde esta perspectiva, queda en evidencia que un protocolo de bio\u00e9tica no es una respuesta suficiente para una cuesti\u00f3n de pol\u00edtica p\u00fablica.El principio de proporcionalidad terap\u00e9utica establece que nadie est\u00e1 obligado a utilizar todas las intervenciones m\u00e9dicas actualmente disponibles, sino s\u00f3lo aquellas que ofrece una razonable probabilidad de beneficios en t\u00e9rminos de preservar y\/o recuperar la salud (Rodr\u00edguez, 1998).<\/p>\n

Es decir, con este principio se permite establecer cu\u00e1les intervenciones m\u00e9dicas son moralmente obligatorias, para as\u00ed evitar caer en conductas extremas, como la medicalizaci\u00f3n de la muerte o la eutanasia por omisi\u00f3n.En este contexto, el trasplante de \u00f3rganos o procedimientos que permiten mantener la vida, presenta grandes controversias \u00e9ticas existiendo un consenso que dicho procedimiento ser\u00e1 \u00e9ticamente aceptable, si existe una relaci\u00f3n de debida proporci\u00f3n entre los medios empleados y el resultado previsible (De las Casas y Portes, 2010).<\/p>\n

Dentro de la ponderaci\u00f3n de los medios, est\u00e1 justamente la ponderaci\u00f3n de los costos econ\u00f3micos y humanos que se suceden al procedimiento de trasplante y es a lo cual alude la pol\u00e9mica frase de la condici\u00f3n de Daniela de \u201cprecariedad familiar, social y personal\u201d.<\/p>\n

Porque justamente Daniela est\u00e1 bajo resguardo del SENAME.Y es que dicha condici\u00f3n, si bien le permite al equipo m\u00e9dico no verse obligado a intervenir a Daniela, es un claro ejemplo de injusticia social, con resultado de muerte, si atendemos a las obligaciones que tiene el Estado con los menores que est\u00e1n bajo su resguardo o protecci\u00f3n.<\/p>\n

En definitiva, \u00bfbajo qu\u00e9 principio se justifica no incurrir en las obligaciones de protecci\u00f3n de menores por referencia (y en este punto s\u00ed acierta Carlos Pe\u00f1a en una carta de respuesta al equipo m\u00e9dico) a las consecuencias probables de un tratamiento que define un cuerpo m\u00e9dico determinado, si justamente es el Estado el que debe velar por el cuidado del menor?Al parecer los protocolos de bio\u00e9tica cumplen m\u00e1s bien una funci\u00f3n a nivel jur\u00eddico, para eximir de responsabilidades, que de \u00e9tica sensu stricto.<\/p>\n

Por lo que el caso dram\u00e1tico de Daniela no es s\u00f3lo una cuesti\u00f3n del conflicto de intereses intelectuales de las \u00e9lites, como se\u00f1al\u00f3 Pablo Ort\u00fazar al mismo diario el d\u00eda siguiente de la columna de Pe\u00f1a, sino una cuesti\u00f3n que debe motivar un consenso pol\u00edtico sobre las instituciones b\u00e1sicas que son garantes del cuidado y atenci\u00f3n de menores vulnerables.<\/p>\n

En este punto, apelar a la ponderaci\u00f3n de los medios -como las condiciones del ambiente y del entorno de un paciente- para determinar si alguien entra o no en una lista de espera, es discriminatorio, no desde un punto de vista bio\u00e9tico, sino de c\u00f3mo se ordena el acceso a un sistema de salud.Hoy sabemos a priori que determinados pacientes no ser\u00e1n atendidos en pr\u00e1cticas m\u00e9dicas complejas y costosas como, por ejemplo, los menores vulnerables que est\u00e1n bajo la protecci\u00f3n del Estado.<\/p>\n

Y, sin embargo, ser\u00e1 una discriminaci\u00f3n moralmente correcta desde el punto de vista m\u00e9dico.<\/p>\n

*Jos\u00e9 de la Cruz Garrido Fuchslocher,<\/strong>\u00a0es profesor e investigador del Centro de Pol\u00edticas P\u00fablicas de la Facultad de Gobierno de la\u00a0Universidad<\/span>\u00a0del<\/span>\u00a0Desarrollo<\/span>.<\/p>\n

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