El Chile de los noventa enfrentaba un fuerte d\u00e9ficit de infraestructura, restricci\u00f3n presupuestaria por equilibrios fiscales y cierta incapacidad institucional para llevar a cabo proyectos de la envergadura y complejidad requeridas. De esta manera surgi\u00f3 el modelo de concesiones, el cual busc\u00f3 alinear los incentivos del Estado, sector privado y la sociedad.<\/p>\n
Las empresas participantes ten\u00edan capacidad financiera disponible y observaban la buena experiencia institucional en licitaciones de empresas de servicios regulados, as\u00ed como la posibilidad de obtener buenos retornos a riesgos acotados (por contrato). El Estado llevaba adelante los proyectos requeridos para el desarrollo, y la sociedad ve\u00eda con buenos ojos la construcci\u00f3n de obras nunca antes imaginadas.<\/p>\n
Si bien las concesiones favorecieron la inversi\u00f3n al principio, su dinamismo fue decayendo en el tiempo, incapaz de adaptarse a un marco econ\u00f3mico y social cambiante, cada vez m\u00e1s exigente. Fueron surgiendo problemas que no s\u00f3lo han dificultado la concreci\u00f3n de mayores obras, sino que han puesto en tela de juicio el modelo de concesiones.<\/p>\n
Algunos de estos problemas son: rigidez de contratos y tasas impl\u00edcitas altas para desarrollar nuevas obras con contratos vigentes, madurez de per\u00edodos concesionales que afectan una toma de decisiones oportuna, mayores exigencias de las comunidades no siempre bien encauzadas, institucionalidad insuficiente para generar nuevos proyectos y controlar una cartera de casi US$ 25.000 millones, creciente judicializaci\u00f3n de contratos y sus consecuentes costos econ\u00f3micos y sociales, etc.<\/p>\n
Pero quiz\u00e1s el mayor da\u00f1o a las concesiones se produjo el a\u00f1o pasado, cuando el gobierno decidi\u00f3 no respetar los procesos licitatorios vigentes para hospitales concesionados. Esto no s\u00f3lo signific\u00f3 el atraso sustantivo en la construcci\u00f3n de dichos recintos, sino que gener\u00f3 una ruptura en las reglas del juego entre Estado y privados, implicando mayores riesgos para las futuras licitaciones. Y tal como sabemos: a mayor riesgo, mayor el precio que pagaremos todos por las futuras obras.<\/p>\n
Volver a impulsar la inversi\u00f3n v\u00eda concesiones requiere de se\u00f1ales e incentivos claros para todas las partes: certeza jur\u00eddica y liderazgo por parte del gobierno; una industria moderna y orientada al servicio; y una sociedad sensibilizada con la necesidad de invertir para el desarrollo presente y futuro.<\/p>\n
En este sentido, el gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de ley de fortalecimiento institucional para concesiones, adem\u00e1s de disponer un plan para facilitar tr\u00e1mites y eliminar papeleos. Asimismo, podr\u00eda establecerse una prelaci\u00f3n a nivel central para agilizar permisos ambientales y administrativos, incluidas las expropiaciones. Mismas iniciativas podr\u00edan aplicarse para permisos municipales.<\/p>\n
Finalmente, urge mejorar los m\u00e9todos existentes para la soluci\u00f3n de controversias: comisiones conciliadoras y arbitrales, as\u00ed como las instancias judiciales superiores, terminan siendo muchas veces el refugio de gobiernos y empresas que buscan postergar definiciones. El Panel T\u00e9cnico de Concesiones es una buena herramienta que est\u00e1 siendo subutilizada por la autoridad. A nivel de contratos, se podr\u00edan buscar criterios para flexibilizar contratos en casos de judicializaci\u00f3n, con el fin de evitar que los proyectos se estanquen.<\/p>\n
Volver a dinamizar la inversi\u00f3n concesionada requiere de un acuerdo nacional que trascienda a los gobiernos de turno. Para estos efectos, el Fondo de Infraestructura puede ser una buena se\u00f1al, la cual debe ser estudiada con inter\u00e9s transversal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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