La Comisión de Salud de la Cámara se constituyó ayer en Quintero y propuso declarar emergencia sanitaria, mientras los sectores sociales de Calama convocaron para mañana a un cacerolazo de solidaridad con esa comuna de la Quinta Región, bajo la consigna “#NoMasZonasdeSacrificio”.

Signos de que la crisis ambiental en esa zona cobre volumen político y pone otra prueba al manejo del Gobierno y del propio Presidente.

En este escenario, los analistas visualizan cuatro factores que debe considerar La Moneda.1.- Imagen presidencial.“Piñera tomó la decisión de presidencializar este conflicto y eso no tiene vuelta atrás”, plantea el analista Max Colodro, quien advierte que esto afectará la imagen presidencial, pero que el Gobierno también podría salir jugando positivamente, si da una pronta solución.“Este tipo de situaciones siempre afectan a la imagen presidencial, más aun cuando el Presidente tomó la semana pasada de ponerse él a la cabeza del Gobierno y de visitar la zona, asumiendo responsabilidades y compromisos por parte del Estado”, precisa.La encuestadora de Mori, Marta Lagos, cree que el episodio representa una oportunidad para Piñera dependiendo de cómo maneje la crisis.

“La gente sabe que este gobierno no es el causante pero sí es quien debe darle solución y el manejo de otras crisis como el terremoto del 2010 y los 33 mineros juegan a favor para fortalecer la imagen presidencial”, señaló.Lagos también destaca que este caso le permitiría al gobernante balancear la imagen pro-empresarial que hoy proyecta si se plantea firme frente a las empresas que están contaminando en esa zona.

Para el vicedecano de la Facultad de Gobierno, Rodrigo Arellano, si el conflicto no se encapsula a la brevedad “puede golpear sin duda la imagen presidencial, porque en la primera administración Piñera estos temas medioambientales (Aysén, Freirina) golpearon duramente la imagen del Ejecutivo.

Además porque él ya se involucró directamente en este tema y asumió un costo a él concurrir y comprometerse a una pronta solución”.

En esto coincide la cientista política y socióloga de la Usach, Lucía Dammert, quien cree que “la imagen presidencial se puede ver afectada, pero no sólo por este tema sino porque intuyo que puede ser el inicio de una demanda de temas medioambientales y de conflictividad social vinculados a mitigación y la explotación de recursos medioambientales que no se han enfrentado en los últimos 30 años.

Eso va a significar un debate constante que podría incluso terminar revirtiendo alguna de las definiciones estratégicas en términos de políticas de este Gobierno”.

No obstante, cree que si Piñera logra “encapsular este conflicto, va a tener un logro importante”.2.- ¿Un nuevo Aysén?Para los analistas consultados, es poco probable que este caso se transforme en un nuevo conflicto como se registró en Magallanes durante el primer gobierno de Piñera, a partir del alza del precio del gas, como en Aysén, a inicios del año 2012.“Veo poco probable esa posibilidad, porque eso fue provocado por una decisión del propio gobierno, cuando el ministro de Energía amenazó con elevar el precio del gas”, recordó Colodro.

Agregó que en el caso de la zona Puchuncaví “hay convicción de todos los actores de que esto se arrastra por décadas y que son muchos los gobiernos los que no han hecho nada para defender.

Incluso hay una oportunidad si este gobierno logra encauzar una solución”.Por su parte, Lucía Dammert no cree que este episodio pueda derivar en algo de más violencia, como en Aysén, “pero si pienso que no van a bastar dos o tres medidas, no va a desaparecer así como así.

También creo se puede aunar a más reclamos similares en otras partes del país, que en otras zonas de sacrificio empiecen a brotar por los problemas ambientales que se pueden dar por ese tipo de inversiones”, proyecta Lucía Dammert.Arellano, de la UDD, llama a observar con detención el proceso que se da en la quinta región porque “ya en Temuco están convocando a marchas de carácter solidario con respecto a este tema”.

“Si bien no vemos aún en magnitud algo como lo vivido en la administración anterior, esto podría generar que surjan más demandas de carácter ambiental en zonas similares como Temuco e incluso Santiago”.Sin embargo, el diputado Andrés Celis (RN) considera que “el tema de Quintero se convirtió en un Aysén 2”.3.- Esquivos apoyosHasta el Congreso Nacional llegó ayer la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, al almuerzo de bancada de RN para conseguir apoyos políticos en el oficialismo.

En la propia coalición de gobierno ha habido inquietud respecto de las gestiones del Ejecutivo, por lo que se han desmarcado.

“La lógica política indica que los parlamentarios (de Chile Vamos) se van a poner del lado de los afectados y van a poner presión y demanda al Gobierno.

No veo un espacio para que decidan pagar ellos el costo, si el gobierno no logra dar una solución rápida”, sostiene Colodro, quien agrega que lo ocurrido en Quintero “puede profundizar las tensiones del proceso de instalación del Gobierno”.Marta Lagos plantea que “las dos comunas afectadas tienen pocos votos, pero los parlamentarios de la zona no tienen otra alternativa que alinearse con ellas”.La diputada Camila Flores (RN) enfatiza que “espero que el gobierno, tanto nacional como regional, entienda que mi primer deber como parlamentaria es para con los ciudadanos y representar sus inquietudes.

Yo soy electa para representar a los ciudadanos”.Y es a raíz de ese distanciamiento que algunos —como el diputado Andrés Celis (RN)— critican al representante del gobierno en esta materia: El intendente de la V Región, Jorge Martínez.

“Al intendente le quedó grande el puesto.

La gente hoy está absolutamente molesta.

Se le escapó de las manos el tema.

Ha tenido errores comunicacionales graves”, dice Celis, remarcando que apoya al Ejecutivo en general en esta materia.El énfasis crítico hacia el gobierno se produce a un mes de que justamente en la Quinta Región hubieran roces entre RN y el gobierno por el nombramiento de los cargos de las jefaturas de servicio.Desde Evópoli, el diputado Pablo Kast respalda la gestión del Ejecutivo, pero recalca que “uno quisiera que el Estado hubiera contado con los elementos para monitorear esta situación.

Ha fallado lo que ha sido el monitoreo.

El problema es que no han podido encontrar una solución inmediata.

En lo que hemos quedado corto es con las capacidades técnicas para ver qué es lo que genera el problema.

Y eso es responsabilidad del Estado que no tiene los medios”.