Solo cuatro empresas públicas cumplen totalmente con transparencia exigida por ley

Firmas no detallan datos como su relación con otras coligadas en sus sitios web, aunque es un mínimo legal.

De un total de 40 empresas públicas chilenas, solo cuatro —Codelco, Enap BancoEstado y Empresa Portuaria Antofagasta— cumplen totalmente con los requisitos de entrega de información que exige la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de sus sitios web. Además, más de la mitad de las compañías no alcanza estándares mínimos que son exigibles en esta materia según la OCDE, y también si se comparan con los que tienen las empresas privadas abiertas a bolsa. Dos de ellas, además, ni siquiera cuentan con web institucional. Así lo revela el estudio Transparencia Corporativa en Empresas Públicas realizado por Inteligencia de Negocios (IdN) y que será presentado hoy en un seminario en alianza con Chile Transparente, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo (UDD) y KPMG. El reporte —que analiza el nivel de entrega de información que tienen las empresas públicas ligadas al Estado chileno (ver recuadro)— muestra que firmas como Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente, Astilleros y Maestranza de la Armada (Asmar), y Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (Emaza) no cumplen con requisitos como informar acerca de las políticas que han tomado de responsabilidad social y ambiental, por ejemplo.

Otras, como Zofri y TVN, no mencionan si tienen participación en otras entidades en filiales o coligadas. También alerta sobre las importantes diferencias que se detectan entre sectores económicos a los que pertenecen las firmas. Por ejemplo, en la industria de servicios los puntajes varían de 55 a 4,2. Fiscalización Según el documento, la principal razón que explicaría estas falencias es clara: ni el Consejo para la Transparencia que vela por la entrega de información ni Contraloría, por ejemplo, tienen facultad de fiscalizar que las empresas entreguen la información que se requiere. En esa línea, sugiere cambios en la Ley de Transparencia para que se otorgue más facultades al Consejo.

También, que el Sistema de Empresas Públicas (SEP) incluya en forma explícita el tema de transparencia corporativa dentro de los lineamientos de gobierno corporativo que actualmente entrega a las compañías. Además, plantea que las exigencias de información podrían establecer diferencias entre las empresas de mayor y menor tamaño, y su nivel de desarrollo para dar espacio a firmas como por ejemplo Enacar, que está en proceso de Ranking de entrega de información. Los estándares analizados El informe evalúa la entrega de información que hacen las empresas públicas locales. Es decir, aquellas que son controladas directamente por el Estado que es donde posee más del 50% del capital social o tiene mayoría en el directorio.

Para ello, considera como estándar mínimo la Ley de Acceso a la Información Pública, que exige que las firmas mantengan a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, antecedentes como su estructura, estados financieros y memorias anuales, sus filiales o coligadas y todas las entidades en las que tengan participación, así como la remuneración de los directores y del personal en general.

El ranking también mide el nivel de cumplimiento de las directrices de la OCDE, sobre gobierno corporativo de empresas públicas, que exige entregar información acerca de los objetivos de la empresa y su cumplimiento, la estructura de propiedad y cualquier riesgo importante y medidas para gestionar o mitigarlos.

A su vez, compara con los estándares aplicados a las empresas abiertas en bolsa, y revisa tanto los contenidos como la credibilidad y actualización de la información que entregan.

Publicado en Diario El Mercurio el 10 de abril del 2013.

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