Las encuestas arrojaban que cerca de 10 millones votarían por la destitución de Maduro, con lo cual se lograba desalojarlo democráticamente de la presidencia. Esta votación se haría entre el 26 y 28 de octubre pasado, pero una semana antes el Consejo Nacional Electoral (CNE, controlado por el chavismo) suspendió el revocatorio, acusando fraude y ciertas ilegalidades en cinco tribunales regionales.
Día a día podemos ver como la situación en Venezuela va de mal en peor. La pobreza, la escasez de productos básicos, la corrupción, la desacreditación de sus instituciones, la delincuencia y la inseguridad han alcanzado niveles inéditos. Y esto afecta a todos los venezolanos por igual. Si a eso sumamos la situación económica, el escenario se torna cada vez más incierto e inestable. A principios de año el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de “emergencia económica”, a pesar de que el gobierno no publica cifras oficiales desde el 2013. Con todo, el FMI recientemente ha decretado que la situación es insostenible a corto plazo, y estimó una inflación del 2.200% para el 2017 (la del 2016 se estima en un 720%). Y la última encuesta sobre condiciones de vida (Encovi) arrojó que el 90% de los venezolanos come mucho menos y peor que hace una década atrás, simplemente porque el dinero no les alcanza. Ante lo cual Maduro afirmó que “en Venezuela no hay hambre, sólo pasamos un momento difícil pero el pueblo tiene acceso a sus bienes”. Y repite insistentemente que la situación es el resultado de una guerra económica librada por la élite venezolana en contra de su gobierno.
No extraña entonces que la crisis política se ha ido acentuando en el último tiempo. En abril de este año se había iniciado el proceso para convocar formalmente a un referéndum que decidiría la permanencia de Nicolás Maduro en el cargo. Diversos analistas contrarios al gobierno, afirmaron con sólidos argumentos que su nombramiento es absolutamente irregular. Sostienen que tras la muerte de Hugo Chávez, en marzo del 2013, Maduro asumió como Presidente Encargado, un cargo que no existe en la Constitución. Hace poco más de un mes se estaba en la última fase del proceso revocatorio – la votación – que consistía en la recolección de firmas del 20% de los electores, esto es, cerca de 3,8 millones de venezolanos. Las encuestas arrojaban que cerca de 10 millones votarían por la destitución de Maduro, con lo cual se lograba desalojarlo democráticamente de la presidencia. Esta votación se haría entre el 26 y 28 de octubre pasado, pero una semana antes el Consejo Nacional Electoral (CNE, controlado por el chavismo) suspendió el revocatorio, acusando fraude y ciertas ilegalidades en cinco tribunales regionales. Anunció que el proceso se pospondría “hasta nueva instrucción judicial”, siendo probable una nueva fecha en el primer trimestre del 2017, “por razones logísticas”. Con esto la oposición queda de manos atadas. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que encabeza la alianza opositora, está corriendo contra el tiempo. Porque el referéndum debe realizarse antes de enero de 2017 para que, en caso de perder Maduro, se convoquen nuevas elecciones. Pasada esa fecha, la única opción es que asuma su vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, hasta enero del 2019.
Así las cosas, desde la suspensión del revocatorio la crisis política no ha hecho más que recrudecer. En las últimas semanas se ha intentado dialogar, con la mediación del Vaticano y Unasur incluida, pero hasta el momento lo único concreto ha sido la liberación de un grupo de presos políticos.
Está claro que el proyecto político venezolano ha fracasado. Y hoy día la situación es más incierta que nunca. Los precios siguen subiendo, los productos siguen faltando, la gente tiene hambre y, por sobre todo, poquísimas expectativas. Ni siquiera confían en que se realicen las próximas elecciones presidenciales el 2018.
Entonces una buena opción es salir del país. Ejemplo de ello es que en los últimos tres años las visas otorgadas a venezolanos han aumentado más de diez veces en la Región Metropolitana. Concretamente, si en el año 2014 llegaron a vivir y a trabajar a Santiago 1.204 venezolanos entre enero y septiembre, en el 2016 la cifra ha subido a 12.295, en el mismo período.
Lo único cierto es que mientras no se resuelva la crisis política, no habrá estabilidad económica ni de ningún tipo. Cada vez emigrarán más venezolanos esperando que las cosas se resuelvan. Y quién sabe cuándo sucederá eso. Hoy el chavismo está más firme que nunca.
Investigadora de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
Magíster en Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
[email protected]