Asumamos la existencia de una economía en su nivel más básico, un nivel de subsistencia. En esta, la actividad económica estará abocada a la necesidad más inmediata del ser humano: La alimentación. Por lo tanto, el sector agrícola acaparará no sólo la mayor parte del PIB, sino que también la mayor parte del empleo, y de los factores de producción. El estado que gobierne dicha economía, por lo tanto, tendrá que gravar la actividad agrícola en el sector rural, generando recursos fiscales que permitan sostener los servicios que el estado brinda al país. No tendría sentido gravar otras actividades, en primer lugar porque con gravámenes excesivos no lograrían crecer, y en segundo lugar porque no podrían conseguirse suficientes ingresos para alimentar el aparato estatal. Por lo tanto, en dicha economía, se espera que el estado transfiera capital desde el sector agrícola hacia otros sectores.

Ahora bien, en la medida en que esta economía crezca, la situación ira alterándose. El conjunto de la sociedad logrará aumentar el capital disponible, y las manufacturas livianas empezarán a ganar importancia, acarreando hacia esta actividad parte del empleo. Los niveles de productividad del sector agrícola se pueden mantener, pero una inversión en tecnología y en investigación conllevará un descenso en el empleo agrícola salvo que se aumente la cantidad de tierras cultivadas (que nunca son infinitas). Si el sector agrícola logra mantener una productividad similar a la adquirida en otros sectores, esta será a costa de una disminución en el empleo generado. Por lo tanto, el porcentaje del PIB que proviene de la agricultura, y el porcentaje del empleo dedicado a este sector disminuirán con el crecimiento económico.

Si la economía logra crecer aún más, y desarrollar el sector servicios, el empleo tenderá a focalizarse en este sector, ya que es intensivo en mano de obra y cuenta con una mayor productividad. La relevancia relativa del sector agrícola disminuirá con el crecimiento económico. El crecimiento del sector servicios irá también en detrimento del sector agrícola, ya que los servicios tienen alta elasticidad de renta; esto es, en la medida en que aumente el salario, el consumidor dedicará un mayor porcentaje de su salario a los servicios, y un porcentaje menor a la alimentación. Es en este momento en el que para el estado el proteccionismo agrícola pasa a ser “barato”, ya que el aumento en los precios de los alimentos no es un ítem fundamental para la mayoría de los consumidores, y pueden absorber dicho incremento sin problemas.

Este proceso se ha analizado en todas las economías que han alcanzado el status de “desarrollados”, y tienden a proteger a los sectores que tienen menor productividad. Por lo tanto, en la medida en que una economía crece, el estado pasa de gravar a proteger a su sector agrícola, ya sea por fines económicos, de seguridad alimentaria, seguridad nacional, empleo rural u otro que quiera establecerse como objetivo de estado. Este proceso ocurre mucho más rápido en países que cumplen con dos características: (1) Crecimiento explosivo, y (2) tierras cultivables limitadas. Básicamente, esta descripción apunta a todos los países del noreste asiático, entre los cuales destacan Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Taiwán, Japón y Corea del Sur, pese a ser importantes potencias económicas en la región, siguen manteniendo sus sectores agrícolas altamente protegidos. En el caso de Japón, existen los 5 items “sagrados” (arroz, trigo, vacuno, cerdo y lácteos) donde la protección ha sido prácticamente absoluta. Las barreras arancelarias y para-arancelarias existentes para acceder al mercado japonés en estos ítems son excesivamente altas, imponiendo precios altos a los consumidores locales. Esta situación se sostiene por dos premisas básicas: Primero, el consumidor tiene intereses difusos que son difíciles de organizar colectivamente, y segundo, las ganancias de los productores de ítems sagrados son altas (comparativamente a cómo sería su situación en un mercado competitivo); además los actores son limitados lo cual les permite organizarse fácilmente en función de un lobby efectivo. El lobby agrícola en Japón es incluso mayor que en otros países dado que los municipios rurales están sobrerrepresentados en el parlamento, y cuentan con legisladores muy fuertes en la causa proteccionista (norin-zoku).

Corea del Sur ha sido catalogado como el país que cuenta con los mayores niveles de proteccionismo agrícola dentro de toda la OCDE. Pese a pequeñas aperturas (sobre todo a través de compromisos adquiridos bilateralmente), Corea sigue manteniendo altas barreras de protección sobre los sectores cárnicos, lácteos y el arroz. El mecanismo utilizado por el gobierno coreano para mantener la protección combina altas barreras de entrada al mercado, con fuertes compras gubernamentales a los productores locales, a fin de asegurar sus ventas a precios sobredimensionados. En el caso de Corea del Sur, elementos de seguridad nacional impulsan objetivos de autosuficiencia alimentaria que son regularmente utilizados como excusa para imponer barreras de acceso elevadas; recordemos que Corea del Sur se mantiene nominalmente en guerra con Corea del Norte, que no es precisamente el vecino más predecible. Por lo tanto, para asegurar alimentos para su población en caso de guerra, el gobierno establece como un objetivo estatal mantener un nivel de autosuficiencia alimentaria elevado, para lo cual es necesario proteger al sector agrícola pese a lo poco competitivo que es.

Taiwán se encuentra también nominalmente en guerra, dado que nunca se firmó un acuerdo que pusiese fin a la Guerra Civil China. Sin embargo la situación en este país es distinta, ya que la posibilidad de que efectivamente haya un conflicto armado es remota; la política exterior de Beijing es predecible, y en nada comparable con la Pyongyang. El proteccionismo agrícola en Taiwán responde más bien a un mix de políticas que involucran a distintos actores estatales y menos a los grupos de presión productores. Dada su delicada situación de reconocimiento internacional, Taiwán ha vinculado su política agrícola directamente a su política exterior. De tal manera, Taiwán realiza trade-offs de acceso a mercado a cambio de concesiones en política exterior que le son muy difíciles de negociar con países con los cuales no tiene relaciones diplomáticas (negociación de TLCs, programas de visa-waiver, u otros que sean de interés nacional). Al mismo tiempo, el acceso a mercado para sus aliados diplomáticos (muchos de los cuales no son exportadores agrícolas) es mucho más amplio que para algunos países productores como por ejemplo Chile. Por lo tanto, Taiwán mantiene un mercado agrícola relativamente protegido para intercambiar apertura de mercado por ganancias políticas o económicas en distintos sectores.

Ahora bien, el TPP pretende convertirse en un acuerdo de “altos estándares”, “propio del siglo 21” y que aspira a convertirse en una fuerza liberalizadora del Asia Pacífico, estableciendo las reglas del comercio transpacífico. Este acuerdo se ha negociado para ser aprobado bajo la modalidad de “single undertaking”, donde los miembros aceptan el acuerdo completo, o lo rechazan de manera integral.

Pese a no haberse finalizado las negociaciones -y considerando el tiempo que demorará después la aprobación del acuerdo en cada país- se espera que el acuerdo entre en vigencia antes que el RCEP, siendo el primer instrumento regional vinculante que definirá las normas del comercio. De los países del noreste asiático, el único que forma parte de las negociaciones “desde dentro” es Japón. Y se sabe por filtraciones a la prensa que Japón ha sido el principal opositor a una liberalización total del comercio agrícola en la región. De qué manera enfrentará el país del sol naciente la formalización del TPP está aún por verse. Pero desde una perspectiva económica, limitar las transferencias que actualmente se realizan al sector agrícola (donde la gran mayoría de los agricultores supera los 60 años) representa un avance importante en términos de productividad. Si bien será necesario establecer una red de protección para este sector que difícilmente podrá relocalizarse hacia otra actividad económica, los beneficios en disminución de precios aumentarán el bienestar total del país.

Corea del Sur ha solicitado formalmente su ingreso al TPP, por lo que se enfrentará a la misma disyuntiva. Su situación es más delicada en términos de seguridad nacional, pero al igual que Japón, están buscando el mecanismo para mantener medidas de salvaguardia que les permita mantener un proteccionismo agrícola, aunque sea limitado. El ministro coreano de agricultura llegó a establecer como pre-condición de ingreso que el arroz sea eliminado de la lista de concesiones tarifarias que el país tendría que hacer para ingresar al acuerdo. No parece que estas salvaguardas sean viables en vista del actual estado de negociaciones.

Para Taiwán, considerando su delicada situación política, poder ingresar al TPP sería una oportunidad casi tan importante como su protocolo de acceso a la OMC. No sólo ha tenido problemas para liberalizarse regionalmente, sino que bilateralmente sus progresos han sido limitados, perdiendo los empresarios taiwaneses opciones de mercado por no tener accesos preferenciales de los cuales si gozan otros países con los cuales compiten. Si la situación política le permite ingresar al TPP, la discusión en torno al levantamiento de medidas proteccionistas sería en Taiwán mucho más sencilla que en Corea del Sur o Japón, ya que habría logrado un trade-off lo suficientemente importante.

Que el comercio agrícola regional se va a alterar con la puesta en escena del TPP no es cuestionable. Lo que está por verse es la manera en que los distintos gobiernos reaccionarán a una puesta en marcha del acuerdo (considerando un potencial ingreso de Corea del Sur y Taiwán), apoyándose en una ideología neoliberal que “abandone” los sectores de baja productividad, o si por otro lado incrementarán su estado de bienestar con mecanismos de transferencia directa (que no distorsionan los precios) para sostener a la actividad agrícola evitando costos de adaptación de la economía. Sea cual sea el resultado, la distorsión de precios se eliminará, consiguiéndose un objetivo que la OMC ha anhelado durante varios años, y el proteccionismo agrícola dejará de ejecutarse a costo del consumidor y del productor para pasar a desaparecer, o transferirse a costo del contribuyente.