Nombramientos, despidos, amarres y presiones: la gran piedra del Gobierno - Diario Concepción

Tensos días en la Administración Pública, cuando el mandato de Piñera avanza en su instalación. En gobiernos anteriores, unas 12 mil personas salieron de sus puestos para que entraran otros, “de confianza y cercanía”. La costumbre se mantiene, aunque ahora topa con disposiciones judiciales que protegen a funcionarios y modificaciones legales para nombramientos de ADP. Experto advierten: Chile cambia 4 veces más funcionarios que EE.UU., sin evaluar bien sus rendimientos. ¿Bota grasa o músculo? Y con el estatuto administrativo, ¿pesan lo mismo el eficiente y el que no?

“Un tercer asalto al Estado”. Así resume un ex diputado y ex DC, el proceso de “instalación” del Gobierno que, como admitió la vocera Cecilia Pérez, enfrenta “dificultades” desde su primera semana.

Se han visto señales: intendentes pidiendo la renuncia a cargos escogidos a través de Alta Dirección Pública; autoridades que acusan “amarres” y reclaman por los operadores políticos que se resisten a salir; la directiva de la Anef vigilante y lista para defender a sus funcionarios ante un inminente despido…

¿Algo nuevo? No y sí. En los anteriores dos cambios de mando –Sebastián Piñera 2010 y Michelle Bachelet 2014-, alrededor de 12 mil personas salieron de sus cargos en los dos primeros años, alborotando el clima político. Cómo no. Los analistas y expertos coinciden en que para armar Gobierno en nuestro país un mandatario necesita 2 mil o 3 mil nombramientos. No más. Y aunque las comparaciones resulten odiosas, valen: en Estados Unidos, cuando entra una nueva administración instala 3 mil funcionarios. Acá lo triplicamos y cuadruplicamos.

Si cambia el signo del gobierno y la orientación política, obvio que la primera línea de autoridades será renovada. De la mano llegarán también otros nombres para ocupar cargos de confianza, como jefes de gabinete o de prensa, directores de servicios, equipos técnicos y asesores, entre otros.  Habrá, además, movimiento entre funcionarios de la administración pública, profesionales, administrativos y operadores políticos, pero ¿12 mil personas?

ARMANDO EQUIPO

Un estudio de la Dirección de Presupuesto, Dipres, difundido en marzo, afirma que en 2007 el Gobierno central -incluyendo personal a honorarios y contrata- tenía 202.896 empleados. Entre ese año y 2016 subió a 296.080 (45%), siendo de planta solo el 30%. El resto funciona entregando boletas o con contratos anuales.

La gente a honorarios dice el documento, “se ha mantenido relativamente constante, como porcentaje del total de trabajadores del Gobierno central”. Los a contrata, en cambio, aumentaron de manera “sostenida, contrastando con la disminución de funcionarios de planta”.

En 2016, producto de un acuerdo trabajadores-Gobierno, se traspasó a esa categoría a 16 mil funcionarios que boleteaban. Carlos Insunza, presidente de la Anef, recuerda que eso surgió durante el último año del mandato piñerista, con un compromiso suscrito con el titular de Hacienda, Felipe Larraín. “Fue un avance, garantiza al menos los derechos sociales”, dice, aunque mantiene una condición de precariedad, que es renovarse o no cada año.

Por otro lado, como parte de un acuerdo político pro agenda de modernización del Estado, reducción de la rotación de directores de servicios y anti-captura del Estado por operadores políticos, se creó el sistema de Alta Dirección Pública, ADP, en 2003. Lo encabeza el Director Nacional del Servicio Civil e integran cuatro consejeros, designados por el Presidente de la República con acuerdo de 4/7 de los senadores en ejercicio. Duran seis años, son elegidos alternadamente cada tres y tienen inamovilidad. Ellos seleccionan y forman las ternas que presentan al Ejecutivo.

Esto -que empezó después de conocido el Caso Mop-Gate– redujo el número de nombramientos que puede hacer directamente un jefe de Estado. Hoy dispone de 741 puestos de confianza. Pero otros 1.092 -también de confianza- se llenan a través de concurso de la ADP, para periodos de tres años que pueden renovarse solo una vez. También pueden ser removidos.

Con los años, la ADP fue agregando nombramientos: directores de Codelco, de Enap, de Concesionales y tribunales ambientales, entre otros (362). Y desde 2011, suma directores de colegios municipales (3.172) y 294 jefes de departamentos municipales.

En total, casi 5 mil puestos, establece el estudio de Bettina Horst, del Instituto Libertad y Desarrollo. Los más importantes son los de “primer nivel jerárquico”. Al empezar la ADP eran 93. Ahora, 124.

Cuando Lagos entregó el mando a Michelle Bachelet había 14 cargos escogidos por ADP. La Presidenta desvinculó a uno.

Cuando Bachelet traspasó el poder a Piñera había 73. Salieron 46.

Cuando Piñera devolvió el mando a Bachelet, eran 83. Ella cambió a 68.

VICIOS DE SELECCIÓN

Hecha la ley, hecha la trampita. Cuando a un presidente no le convencía el directivo escogido por concurso, lo sacaba y ponía ahí un subrogante de su entero gusto, que cumpliera el perfil. A dedo. “Transitorio” o “Provisional”, lo llamaron. Quedaba en el cargo hasta que la ADP hacía nuevo concurso, proceso que toma seis o más meses. Normalmente, él que era subrogante, y que había hecho el trabajo por tiempo, concursaba y ganaba. Corría con ventaja.

Entonces vino el perfeccionamiento de la ley, aprobada en el Congreso en 2016. Básicamente, no más T y P. Si el mandatario saca al elegido por ADP tiene que poner a un subrogante que pertenezca a la planta del servicio. Y de inmediato llamar a concurso. Esto se vio como una forma de bloquear la invasión de operadores políticos sin competencia en la administración pública y, principalmente, como incentivo a la alta rotación de cargos nominados por concurso. El que entra, debe evaluar, de esta manera no se pierden buenos profesionales).

Se trata de modernizar y profesionalizar. Sin embargo, la semana pasada un grupo de intendentes -entre ellos Harry Jürgensen, de Los Lagos, Jorge Ulloa, de Bío Bío y César Asenjo, de Los Ríos– llamaron a renunciar a los elegidos por ADP “con sello político”. Apelaron a la “nobleza”, “decencia”.

Luis Mayol, intendente de La Araucanía, sinceró a El Mercurio: “Tenemos que formar nuestros equipos. El programa que ganó las elecciones es el nuestro y lo tenemos que aplicar con nuestra gente”.

Con esa idea latiendo, la instalación se complica.

Para compensar las rigideces, trascendió, Máximo Pávez, director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, se convirtió en asesor del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Y en la Segpres, su misión primera sería elaborar formas de despido que no contraríen la ley. La Anef aseguró que ya circula un documento con fórmulas.

Bajo férreo hermetismo, del tema no se supo hasta esta semana cuando se informó que, desde el lunes 26, Juan Carlos Corbeaux ahora está a cargo de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Cenabast.

El químico farmacéutico de la UCH -que ha trabajado en Glaxo y participado del gremio que reúne a laboratorios internacionales- asume como “delegado ministerial”, porque la dirección de Cenabast fue designada por ADP, en el Gobierno de Bachelet. El escogido fue

Pablo Venegas, quien debía seguir en el cargo hasta octubre de 2019.

Así las cosas, como Corbeaux no es “director”, no puede firmar documentos oficiales. La figura entonces se completa con un director subrogante, que en este caso es el jefe del área jurídica, Cristián Venegas.

“NO ES EL CAMINO”

El concepto de “nuestra gente” al que aludió Luis Mayol -y que muchos defienden en los distintos gobiernos- “no es el camino y, aparte, va a ser una cuestión que no termine nunca”, sostiene José Garrido, del Centro de Políticas Públicas de la U. del Desarrollo. Él está convencido de que un Estado eficiente y eficaz requiere reglas. “Y así como en economía la regla del superávit estructural da certidumbre a los mercados, una ADP que seleccione y se respete da estabilidad a directivos y equipos”.

Garrido resalta que el Estado no es privativo de un gobierno y que éste tiene criterio para implementar políticas, “pero debe hacerlo con una masa crítica de personas involucradas con el sistema, que no pueden estar rotando, porque es caro e ineficiente. Hay países que han conseguido un Estado fuerte, eficiente, con metas y logros. Y uno mira el chileno hoy y ve que no cumple sus metas. Hay que tener a las personas idóneas donde deben estar, no por parentesco ni cercanía política, sino por méritos”.

Esto, sin desconocer que “si un gobierno ofrece un programa político distinto a otro y por eso fue elegido, está en todo su derecho de nombrar sus cargos ministerios y subsecretarias. Pero existen otros nombramientos de ADP que, se supone, son personas con mérito, en condiciones de concretar cualquiera de los programas que se proponga. Son personas con dotes para ejecutar, no van a tomar posición por razones políticas e informarán si hay problemas, como sucede ahora con la reforma tributaria. La administración pública no puede ser un botín de partidos ni algo que genere inestabilidad. No puede ser que sepas de antemano que tu trabajo dura cuatro años y que si lo haces bien no existe posibilidad de que continúes”.

Pero el que no da el ancho, enfatiza Garrido, debe irse. “Si uno hace mal algo en la empresa privada, lo echan. Pero muchas veces en el Estado no pasa nada, a lo más un llamado de atención. Y si se trata de alguien que está en un partido político, luego te premian con una embajada.  Al final, esto se trata de preguntarnos qué Estado queremos. Y separar al Gobierno del Estado. La función pública tiene un sentido propio y técnico”.

SUPREMO AMPARO

La presión de los intendentes pidiendo renuncias a cargos ADP como “gesto político” movilizó esta semana a diputados DC. Fue tema en las redes de WhatsApp e, incluso, afirmaron que esto podría provocar un quiebre definitivo en el dialogo con el Gobierno, en el marco de los acuerdos nacionales.

La semana anterior, lo que movilizó a autoridades de Gobierno y a la Anef fue otro asunto: los fallos de la Corte Suprema (13 y 15 de marzo) que se sumaron a un dictamen de la Contraloría (2 de marzo) y a pronunciamientos de la Corte de Apelaciones, sobre los funcionarios a contrata y a honorarios. El ministro de Minería, Baldo Prokurica, habló de “fallos de amarre”, y Carlos Insunza acusó al secretario de Estado de error garrafal de comprensión por poner en tela de juicio, desde el Poder Ejecutivo, al Poder Judicial.

Álvaro Flores, presidente de la Asociación de Magistrados, sintetiza:

-Durante mucho tiempo ser perseveró en usar el sistema de honorarios y a contrata, no obstante, los tribunales reiteradamente señalaban lo que ahora ratificó la Corte Suprema: el contrato por honorario está fundamentalmente circunscrito a cometidos profesionales específicos o temporales. O sea, cuando el servicio público necesita un asesor para proyecto o una competencia muy especial. En todos los otros ámbitos en que el servicio es regular y tiene elementos de subordinación, rige el Código del Trabajo.

En síntesis: hoy cualquiera empleado público no de planta que sea despedido, puede demandar al Estado y éste tendrá pagar cotizaciones retroactivas, vacaciones e indemnización.

Lo que dictaminó la Suprema “constituye una jurisprudencia ratificada”, sostiene Flores.

El desafío, agrega, “es evaluar profesionalmente el estatuto de los trabajadores públicos. Hay que volver a determinar las necesidades de personal estable, evaluar si en ciertos servicios se pueden contratar “por trabajos”… el desafío es la modernización”.

Para una ex autoridad del Bío Bío-que pide anonimato a fin de no polemizar recién dejado el cargo-, es prioritario un cambio de fondo.  “Yo no estoy de acuerdo con el estatuto administrativo porque limita a salida de un funcionario a renuncia, bajas calificaciones o haber cometido algún delito. Las personas deberían ingresar con un contrato, como lo hace el resto de los empleados, sabiendo que la única garantía es su capacidad y desempeño”.

Pero ése es un tema que no se habla, asegura, “porque nadie quiere echarse encima a 290 mil empleados”.

Le faltó decir: “Y soltar las instituciones que están cooptadas por partidos y dirigentes sindicales”.

El consuelo

“No hay que caer en el pesimismo”, advierte José Garrido, de la UDD.

Los operadores políticos instalados a lo largo del país, los sindicatos que toman servicios, los nombramientos a dedo, por parentesco, partido político o presión y no por méritos, desencantan a cualquiera. Sin embargo, siempre han existido.

Lo que pasa es que a partir del Mop Gate, de todo lo relacionado con el financiamiento ilegal de la política, “ahora existe una Ley de Transparencia, circula más información y la opinión pública tiene claro lo inaceptable, es otra cultura”.

Doble riesgo

La Anef defiende los fallos judiciales para trabajadores a honorario y contrata (“porque son vulneraciones a los derechos de trabajadores del Estado”), y proyecta:

-Si el Gobierno no va a entender que éste es el marco en que debe desempeñarse, entraremos en situación de alto riesgo en que la judicialización será la tónica. Eso afectará la gestión de Gobierno e implica costos económicos para el Estado, de una cuantía imposible de determinar hoy, que juega en contra de las medidas de ajuste que el ministro de Hacienda ha planteado.

– También hubo muchos despidos a inicios de los Gobiernos de Bachelet. ¿Qué hizo y qué consiguió la Anef?

– En 2010 hubo muchos casos que se revirtieron, pero según nuestros registros, no tuvimos procesos masivos. Y en 2014 se hizo un proceso de incentivo al retiro que no se había hecho antes, con lo que salieron muchos con renuncia voluntaria. No tuvo que ver con la instalación.

La herencia

Los cargos asignados a través de concurso de la ADP son miles y se nominan y/o renuevan a distintos tiempos. Pero en estos días de instalación, autoridades han denunciado nombramientos a última hora o renovación anticipada por parte del mandato bacheletista.

Existen 124 cargos de primer nivel definidos por concurso de ADP. De ellos, 7 son jefaturas de servicio que ingresan recién. Luego hay 13 subrogantes, 3 TyP (seleccionados antes de la reforma de 2016) y 5 nombramientos anticipados, según el estudio del LyD

Finalmente, los titulares que hereda el Gobierno son 96, seleccionados en más de cuatro años. Indica el documento:

– 7 fueron elegidos antes de 2014.

– 32 en 2014.

– 29 en 2015.

– 18 en 2016.

– 10 en 2017.

(Todos pueden terminar por solicitud de renuncia, renuncia voluntaria o no renovación, cuando se cumplan los tres años del periodo).

Ver nota publicada: https://goo.gl/3bjKCE

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