Señor Director:

Respecto del debate surgido hace unos días en torno a la modificación del sistema de financiamiento de subvención del Estado a los establecimientos, quisiera hacer una reflexión. La indicación finalmente incluida en el proyecto de ley que crea el sistema de educación pública señala que “el financiamiento por escuela se determinará según matrícula, remuneraciones de trabajadores de la educación, características de la población que atiende, infraestructura, equipamiento, materiales según las modalidades educativas, ubicación geográfica y transporte de sus estudiantes”. Esta indicación propone terminar abruptamente con un sistema de subsidio a la demanda, instalado en el país hace más de treinta años. En mi opinión, un cambio tan radical en el sistema de financiamiento podría generar desajustes presupuestarios para la nación, lo que resultaría contraproducente en un momento en que los esfuerzos están puestos en modificar principalmente la institucionalidad de la educación pública en nuestro país.

En tal sentido, lo primero debe ser centrar todos los esfuerzos en el diseño, programación e implementación de dicha institucionalidad, definiendo mecanismos concretos para poder instalar adecuadamente tanto las nuevas instituciones como los instrumentos de gestión asociados a ellas. En este sentido, el camino más apropiado para abordar una modificación al sistema de financiamiento, debiera iniciarse una vez puesta en marcha esta nueva institucionalidad. Este nuevo sistema de financiamiento podría estar constituido tanto por aportes basales por parte del gobierno, como por mecanismos de subsidio a la demanda. Esto, con el propósito de asegurar un mínimo de financiamiento para los establecimientos públicos del país y, además, continuar incentivando a los sostenedores (a los nuevos sostenedores en este caso) a responsabilizarse de la asistencia de sus alumnos. Sin duda, un debate que recién está comenzando.

Armando Rojas Jara

Profesor de Política Educativa de la Universidad del Desarrollo

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